Agencia EFE
Madrid.- El Gobierno de España aprobó la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para Valencia y el resto de zonas inundadas la semana pasada, lo que facilitará la entrega de ayudas a los damnificados, anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez.
Sánchez aseguró que su gabinete trabaja “desde el primer momento” en cuatro ámbitos prioritarios: salvar vidas, recuperar el cuerpo de las víctimas “con la prontitud y la dignidad que merecen”, garantizar la seguridad en las calles y restablecer los suministros y los servicios de las zonas afectadas.
Medidas económicas y financieras
El primer paquete de medidas, aprobadas por el Consejo de Ministros, tiene un coste total de 10,600 millones de euros, a distribuir en 78 municipios en el este y el sur de España (75 de la Comunidad Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía), para ayudar a los hogares, y también a las empresas, a los autónomos y a las instituciones afectadas por la dana, pero el listado “podrá ampliarse a otros municipios, a otras comunidades autónomas” y “con el menor papeleo posible y la mayor celeridad y agilidad”.
Las ayudas directas a particulares serán universales, sin umbral de renta máximo y exentas de tributación e incluyen hasta 72,000 euros por casos de incapacidad, entre 20,000 y 60,000 para la reparación de cada vivienda afectada, hasta 10,300 para muebles y enseres dañados y hasta 37,000 para las comunidades de vecinos.
También habrá ayudas directas de 838 millones de euros para pequeñas y medianas empresas y para trabajadores autónomos en las zonas más afectadas: desde 5,000 euros para los autónomos hasta entre 10,000 y 150,000 para empresas, que podrán empezar a cobrarse en menos de un mes.
Se crea la figura de incapacidad temporal extraordinaria para las personas con daños físicos o psicológicos provocados por la dana, que tendrá consideración de accidente de trabajo y garantiza por tanto el 75% del salario, y se facilita la posibilidad para los autónomos de solicitar la prestación por cese de actividad, que será del 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido 12 meses y sin reducción de prestaciones a futuro.
El plan incluye una línea de avales por valor de 5,000 millones de euros para empresas y autónomos, un retraso en el pago de impuestos pendientes con la Agencia Tributaria, un acuerdo con las entidades financieras para posponer el pago íntegro de los créditos hipotecarios o personales durante tres meses pagando solo los intereses durante nueve meses adicionales y la reducción para explotaciones y actividades agrarias en las zonas afectadas, entre otras medidas.
Además, el Gobierno de España pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados y abonará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos.
Mitigación de la catástrofe
La actuación del Gobierno constará, agregó, de tres fases: la primera de ellas, una respuesta “urgente” ante la catástrofe; la segunda, la reconstrucción de las zonas afectadas y, la tercera, la fase de “relanzamiento”, que se enfocará a la “transformación necesaria para adaptar el territorio a la emergencia climática” que está afectando singularmente al “querido mar Mediterráneo”.
Sánchez precisó que el número de militares, policías nacionales y guardias civiles desplegados en la provincia de Valencia ha pasado de 7,300 efectivos a 14,898, reforzados por la presencia de 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo la limpieza y el abastecimiento de las zonas afectadas.
Según sus datos, también se restableció el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados y se repararon 40 kilómetros de carreteras y 74 de vías ferroviarias, además de habilitar todos los carriles de las autovías españolas A 7 y A 3 y reactivar el servicio de trenes de media y larga distancia entre ciudades como Valencia o Barcelona, entre otras.
Sin embargo, “esto no es suficiente, aún quedan desaparecidos por localizar, viviendas y negocios destruidos, sepultados bajo el lodo y mucha gente que sufre carencias severas”.
El presidente regional de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, anunció que comparecerá el próximo jueves 14 de noviembre ante las Cortes valencianas para dar explicaciones públicas de la gestión de la catástrofe.
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