Juan Alberto Vázquez / Estados Unidos
EU.- La Corte Suprema de Arizona de mayoría conservadora invocó el martes una vieja ley de 1864 que prohíbe el aborto excepto para salvar la vida de la madre y también castiga a los proveedores con penas de prisión.
La decisión votada 4 contra 2 reemplaza la regla anterior, que protegía el derecho a interrumpir un embarazo antes de las 15 semanas, restableciendo la política a la era anterior a Roe v. Wade (1973) convirtiendo a Arizona en el estado número 16 donde el aborto está virtualmente prohibido.
La medida de inmediato desató la furia de los demócratas en todos los ámbitos comenzando por la campaña del presidente Joe Biden que de inmediato culparon al exmandatario Donald Trump por la medida. Acusan que su empeño de imponer magistrados conservadores en la Corte Suprema Federal es lo que ha desatado las arremetidas en contra de los derechos reproductivos de la mujer en distintos estados.
La vicepresidenta Kamala Harris viajaría este viernes a Tucson, Arizona, para hablar sobre la importancia del derecho al aborto, una parada que, por cierto, había sido agendada con antelación. Harris es quien ha llevado el estandarte sobre este tema en cada una de sus presentaciones alternando rallys con visitas a clínicas donde se practica el procedimiento.
Ella culpó directamente a Trump por la decisión del tribunal de Arizona, una táctica que los demócratas han adoptado respecto del aborto en casi todo el país. “Arizona acaba de retroceder el tiempo a una época en la que las mujeres no podían votar y, según él mismo admite, hay una persona responsable de todo ello: Donald Trump”, dijo en un comunicado.
Apenas un día antes, Trump había estado intentando despojarse de la responsabilidad del retroceso de Roe v. Wade de la cual se había jactado en meses pasados cuando llegó a decir que ese “logro conservador” era enteramente de él. Por lo pronto la ley de 1864 no se aplicará de inmediato pues la Corte Suprema estatal suspendió su fallo, y lo devolvió a un tribunal inferior para escuchar argumentos adicionales sobre la constitucionalidad de la legislación.
Según la ley territorial de 1864, que entró en vigor 48 años antes de que Arizona se convirtiera en estado, cualquiera que administrara un aborto podría enfrentarse a una pena de prisión obligatoria de dos a cinco años. Eso podría obligar a las clínicas de aborto autorizadas en Arizona a reducir drásticamente o cerrar, aunque no está claro cómo se aplicará la decisión.
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