CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó el proceso que llevó a la contratación de la empresa Territorium Life SAPI de CV. El abogado general de la institución, Hugo Concha Cantú, señaló que se trató de una adjudicación directa, realizada el 23 de febrero pasado, debido a que la UNAM no contaba con los elementos ni con una plataforma para aplicar el examen y eligió a esa empresa por disponer de la infraestructura necesaria y porque ya había sido utilizada previamente en exámenes de nivel bachillerato.
“Las entidades académicas y las dependencias administrativas pueden solicitar este tipo de contratación, que equivale, como bien saben ustedes, a una excepción a un proceso de licitación pública, cuando se trata de un servicio profesional especializado que, al momento de su solicitud, la Universidad no cuenta con la capacidad de brindar con las mismas características”.
DGAE justifica la elección de la empresa
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) señaló que Territorium es la única empresa en México con más de cinco años de experiencia en la aplicación de evaluaciones de alta especialidad y con capacidad para realizar exámenes a un alto volumen de aspirantes de manera simultánea.
Además, afirmó que al momento de la adjudicación era la única en el país con certificaciones internacionales que, supuestamente, garantizan los más altos estándares de operación. Agregó que la plataforma cuenta con más de 10 años de experiencia en evaluaciones digitales a gran escala en México, América Latina, Estados Unidos y otros países.
La dependencia precisó que la plataforma está protegida por derechos de autor y propiedad intelectual, por lo que no puede ser replicada por otros proveedores. Asimismo, recordó que fue utilizada con éxito para aplicar exámenes a aspirantes que se encontraban fuera del país en noviembre de 2024.
UNAM terminará anticipadamente el contrato y realizará auditorías
Ante esta situación, independientemente de las recomendaciones que emita la Comisión de Personas Expertas, la UNAM concluirá anticipadamente el contrato, cuyo monto para los niveles de bachillerato y licenciatura supera los 69 millones de pesos este año.
La decisión se tomó debido a los puntajes atípicos obtenidos y las aparentes irregularidades registradas durante la aplicación del examen, sin que ello implique una sanción para la Universidad.
Con esta medida, la institución recibirá todas las bases de datos de los exámenes para realizar las revisiones necesarias y, en su caso, emprender acciones legales. También contratará una empresa especializada para realizar una auditoría tecnológica de la plataforma y solicitará a la Auditoría Superior de la Federación un procedimiento adicional para revisar el proceso de contratación.
El abogado general aseguró que la Universidad no busca proteger a la empresa.
“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco tenemos ningún interés en acusar sin ninguna evidencia. Justamente por eso hemos llegado a estas decisiones de llevar a cabo auditorías con entes especializados. El fin de esas dos auditorías es deslindar responsabilidades de todos los involucrados”.
Amparos contra el proceso de admisión
Sobre los recursos legales, se informó que hasta el momento se han presentado alrededor de 10 amparos, pero ninguno ha sido concedido, ya que los jueces han solicitado acreditar el acto reclamado.
El abogado indicó que la UNAM está preparada para atender cada uno de los casos y responder jurídicamente, al recordar que existen sentencias que reconocen la facultad de la Universidad para resolver asuntos académicos, aunque señaló que respetarán la determinación que adopten los jueces.
JJ
