Ernesto Gloria, reportero
México.- Es mayor el costo benéfico de tener organismos como la COFECE, a utilizar su presupuesto en otros rubros, ya que con el trabajo de este organismo, además de que se compensa en varias veces su presupuesto, los recursos van a las arcas y se destinan a distintos sectores, afirmó el comisionado de la COFECE, Alejandro Faya Rodríguez, en entrevista tras su participación en el panel TENDENCIAS REGIONALES DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA, afirmó que hoy nuestro país cuenta con un modelo autónomo que le garantiza a los ciudadanía una competencia en los mercados más justos y abiertos que benefician a los consumidores.
“Yo creo que hay que apostarle al fortalecimiento del mismo, porque hay muchos retos de la propia economía mexicana, entonces hay que trabajar en esa dirección en opinión de nosotros y seguir construyendo sobre la base de lo que tenemos…es una relación de costo beneficio muy favorable, porque estamos hablando del autónomo que cuesta menos en términos presupuestales de todos los autónomos, frente a los beneficios que generan a la sociedad que inclusive los hemos cuantificado y no estoy hablando que las meras multas que suelen ser impuestas por la autoridad, pagan varias veces el presupuesto cada año, sino que las intervenciones a través de sanciones y a través de revisión de concentraciones en términos de beneficio neto al consumidor son de miles y decenas de miles de millones de pesos”.
Señaló que vale la pena invertir en el presupuesto y conservación de los organismos autónomos, ya que afirmó hay beneficios palpables para la sociedad. Al margen de la decisión, afirmó que es un buen momento para que se realice una evaluación de los costos y beneficios de este tipo de organismos. Recordó que, al tratarse de un cambio constitucional, hay una serie de requisitos que se deben observar, entre ellos mayoría calificada del congreso de la unión, de los congresos locales y una discusión amplia al respecto. El Comisionado, recordó que este tipo de organismos son necesarios en el marco de los acuerdos que tiene nuestro país en materia comercial, como el TMEC, al tiempo que recordó que, en el 2026, este se revisará, lo que podrían generar implicaciones adversas al país.
“Claramente hay implicaciones con el TMEC, porque hay un capítulo robusto, existe un claro entendimiento entre los socios de que la mejor manera para desarrollar y aplicar eficazmente la política de competencia y los objetivos plasmados en el capítulo competencia, es a través de autoridades nacionales, que se conducen bajo parámetros especiales de transparencia, debido proceso, trato nacionales hacia todos los sujetos regulados…cualquier reforma que abruptamente cambio el estatus jurídico de la comisión retrasaría o inhibir esos trabajos de colaboración y no olviden que en 2026 inicia el primer proceso de revisión entonces la señal que toman precariza las condiciones de discusión porque el tener una vigencia finita la diferencia del TLCAN”.
Señaló que, en ese contexto, lo que menos se necesitan son señales adversas que puedan ocuparse en el proceso. Durante el panel, la comisionada Presidenta del organismo Andrea Marvan Saltiel, destacó que los más pobres del país son los más afectados por prácticas indebidas de competencia por parte de las empresas.
“Las personas en situación de pobreza, son los más afectados por la existencia de sobreprecios; en México los hogares de menores ingresos pierden en promedio el 15.7 por ciento de sus ingresos, debido al poder de mercado; revertir esta situación nos hace corresponsables a las autoridades de los tres órganos de gobierno, así como en nosotros como protectores de la política de competencia en nuestro país”.
Añadió que la política de competencia ha ayudado ya a la inclusión financiera al eliminar barreras y sobrecostos que dificultaban la utilización de pagos con tarjetas, ya que mientras en Europa se cobra de comisión el 0.2 por ciento, en nuestro país se cobraba el 1.36 por parte de los bancos, lo que iba en detrimento de las mipymes.
FF
