México.- El ejecutivo de la compañía estadounidense Rapiscan Systems, George Edward Walther-Meade, director de México y América Latina de esta firma, obtuvo la libertad bajo fianza. Luego de ingresar la semana pasada prisión con el número de prisionero: 08449-506, que le asignó la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos por la acusación de lavado de dinero y corrupción. Pero ahora se les complica el proceso porque en el formato “17” de la licitación de las aduanas de Sedena se les pide declarar si se encuentran sometidos a algún procedimiento de carácter penal, civil y/o administrativo, por ello deberían ser descalificados.
También se sabe que en enero de 2021, Raquel Buenrostro le rescindió el contrato a Rapiscan en el SAT por incumplimiento de entrega, disponbilidad y mala calidad. Además les impuso una multa de 7 millones 562 mil 189 pesos. De acuerdo al formato “16” de la licitación LA-007000999-E1040-2022, no podrían participar por este hecho debido a que se les pide a los representantes manifestar que no tienen juicios, demandas e interpelaciones legales por incumplimiento ni se encuentran sujetos a un procedimiento de rescisión contractual ante la administración pública federal.
Apenas a finales de diciembre de 2022, la Semar, del almirante José Rafael Ojeda, le adjudicó de forma directa un contrato por 3 mil 800 millones de pesos para controlar las aduanas de los puertos del país. Dicho convenio lo logró Walther-Meade.
Un grupo de funcionarios militares han salido a defender a Rapiscan y a tratar de desvincular a Walther-Meade de dicha compañía, lo que representaría conflicto de intereses. Este viernes 17 de marzo se dará el fallo de este proceso, en el que Rapiscan propuso la oferta más cara de todas con 13 mil 500 millones de pesos.
Durante los sexenios pasados, las aduanas estuvieron al control del SAT debido a que únicamente eran para fiscalizar la entrada y salida de mercancías sin embargo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, cambió drásticamente la situación porque su control se le otorgó a la Sedena y a Semar debido a por ellas también ingresaban y salían del país productos ilegales tales como fentanilo, heroína, cocaína, armas para el mercado negro, tráfico de personas e incluso hasta vehículos chocolates.
Es por ello, que las aduanas son consideradas de seguridad nacional, por lo cuál su control es considerada la joya de la corona. Era el año de 2012, en los últimos meses de la administración de Félipe Calderón Hinojosa cuando el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presuntamente coacciona a las autoridades del SAT y la SHCP para que se le adjudicará de forma directa un contrato de 400 millones de dólares a Rapiscan, que tiene por matriz a OSI Systems, para proveer con equipos de rayos X las aduanas del país, acorde a notas en medios de comunicación.
La presión del considerado súper policía se da debido a que el contrato se iba a pagar con el dinero de la Iniciativa Mérida, programa que le dió al ex funcionario, hoy preso, un poder inimaginable. Ahora se sabe porque no se pudo controlar el tráfico de drogas entre ambos países, así como la fallida operación de “Rapido y Furioso” que únicamente sirvió para armar a los grupos criminales.
De acuerdo a versiones periodisticas, la empresa estadounidense Muddy Waters (MW) que se encarga de investigar a empresas públicas de aquel país, señaló que Rapiscan le había vendido sus productos de rayos X con sobreprecio y además eran obsoletos que no servía para el propósito de su compra al gobierno de México, pero ya no sólo de Calderón sino también de Enrique Peña Nieto.
Textualmente, aseguraron que le habían colocado equipos mediante contratos conocidos como “llave en mano” con precios inflados.
Por ello, MW determinó que rapiscan dependía en un alto porcentaje de sus ingresos provenientes de los contratos mexicanos. Aún así, la investigación no le importó al peñismo y antes de salir le heredaron a la 4T a esta empresa debido a que le adjudicaron de forma directa otro convenio para que continuará dando su servicio, era el: CS-300-AD-I-P-FC-069/17, en base al portal de transparencia.
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