México.- Organizaciones civiles dedicadas a la transparencia en compras públicas observan y revisan con detenimiento todo lo relacionado a las compras del gobierno, y en esta ocasión ven con preocupación que jueces tengan miedo de ejercer el derecho por tratarse de Sedena. Esto debido al expediente de la demanda de amparo contra el fallo de la licitación pública electrónica bajo la cobertura de tratados no LA-007000999-E1040-2022 para la adquisición de sistemas de inspección de Rayos X que fue turnado al Juzgado VIII en materia administrativa de la Ciudad de México, las organizaciones señalan que se lavaron las manos y se desechó el recurso de amparo. Es por ello que a las empresas inconformes con el proceso les toca interponer una queja ante un tribunal colegiado.
La suspensión que se busca podría afectar otras invitaciones y solicitudes de cotizaciones emitidas por esta secretaría de Luis Crescencio Sandoval, para adjudicar las 2 partidas que fueron declaradas desiertas en la presente licitación, puesto que la suspensión que se está solicitando en el juicio constitucional incluye todo el procedimiento. El grupo de licitantes inconformes incluye empresas mexicanas y la firma global Nuctech Company.
La reciente compra de las fuerzas armadas, que el pasado 17 de marzo le asignaron el fallo a la controvertida Rapiscan Systems por 11 mil 630 millones de pesos, aunque esta era la propuesta más cara de todas y por mucho, es superior a los 2 mil millones de pesos en comparación con el consorcio que competían en todas las partidas. E incluso mucho más alto en precio en comparación con otras firmas que contaban con la solvencia técnica suficiente. En un principio, cotizaron en total las 6 partidas en 13 mil 500 millones de pesos, pero les asignaron 4 de 6 partidas, las 2 que no le asignaron extrañamente son las más bajas.
Las únicas que buscaban las 6 partidas eran Rapiscan Systems y el consorcio Cruant de la mexicana LTP con la china Nuctech Company. Mientras que las que buscaron 5 partidas son GJS México, Ingeniería Operativa con la estadounidense Astrophysics, Operadora Safrat con la inglesa Linev Systems, y Seguritech Privada. Por su parte, Leidos decidió no participar por las inconsistencias que se plantearon desde el inicio de la licitación, porque señaló que era inviable la petición de instalar a más tardar el 30 de noviembre de este año los sistemas de inspección de rayos X para las 21 aduanas del país, además de que estaba configurado para que se lo llevará Rapiscan.
Otra anomalía evidente, durante el proceso uno de sus principales directivos para México, George Edward Walther-Meade, fue a prisión en Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y sobornos, aunque después logró la libertad bajo fianza. Aunque se hicieron esfuerzos por tratar de desvincularlo de la compañía porque eso implicaba la descalificación de la empresa en este proceso, reconocieron que sí es empleado de las compañías de OSI Systems, que es la matriz, este hecho era para que fuera descalificada.
E incluso, Walther-Meade fue una de las personas que en diciembre de 2022 cerró el contrato de adjudicación directa con Semar por 3 mil 800 millones de pesos para equipar con rayos X las aduanas de los puertos del país bajo el mecanismo de justificación de excepción por supuestamente tratarse de seguridad nacional, aunque en realidad no lo es porque se trata para fines recaudatorios.
Pero, además, es del conocimiento público que Raquel Buenrostro cuando dirigía el SAT le rescindió el contrato a Rapiscan por incumplimiento de entrega, disponibilidad y mala calidad en los sistemas de inspección de Rayos X. También les impuso una multa de más de 7 millones 500 mil pesos. Estos hechos también fueron motivo para que fuera descalificada la compañía, pero aun así fue elegida como la ganadora.
Las compañías mexicanas se encuentran inconformes por la intromisión flagrante en el proceso del embajador de Estados Unidos Ken Salazar, quien cabildeó a favor de Rapiscan e incluso unas 36 horas antes de darse a conocer el fallo, de acuerdo a versiones periodísticas, tuvo un encuentro privado con altos funcionarios de la Sedena que presumiblemente terminó favoreciendo a dicha compañía debido a que ya no compitió contra nadie más porque las demás propuestas fueron desechadas o descalificadas sin motivos claros. Dejando el camino libre para que obtuviera el contrato. Incluso algunas firmas consideran esto como un ataque a la soberanía nacional.
También, se había denunciado que las especificaciones técnicas son para comprar equipo chatarra, esto es que es obsoleto de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Piden capacidad de penetración de escaneo en acero mínimo de 254 mm, que es lo que hacían equipos de hace 10 años, pero ahora debe ser de 300 mm. También solicitaron que debe escanear un tren cuando viaje a 15km/hr pero debería ser cuando van a 25 km/hr. Solicitar productos viejos tenía un propósito, esto es que la empresa ganadora ya los tuviera y únicamente fuesen recubiertos para instalarlos en las mexicanas.
Y ahí se entiende más el caso de Rapiscan, porque en 2011 fue contratada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, mediante Genaro García Luna, para instalar 42 escáneres de Rayos X, pero estos fueron instalados hasta el 2014, ya en el periodo de Enrique Peña Nieto. En esta licitación, se pedían 170 equipos que es alrededor de 400% más. Si no tenían capacidad de entrega con menos productos, ahora mucho menos… salvo que ya tuvieran productos que fueron utilizados en aduanas de otros países y fueron retirados por viejos. Entre muchas otras más inconsistencias técnicas y legales en este proceso.
Estás son solo algunas anomalías y casos de opacidad en la adjudicación por la Dirección General de Materiales de Guerra de la SEDENA que no deberían haberse presentado en una compra de esta magnitud.
FF
