México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana demandó a la Cámara de Diputados que corrija la reforma a la Ley de Amparo, ya que desde su óptica este nuevo ordenamiento dejaría en la indefensión a los ciudadanos y las empresas.
Restricciones de la reforma afectan a empresas
Juan José Sierra Álvarez, presidente del organismo cúpula, dijo que el contenido de esta ley aprobada ya en el Senado es un grave retroceso en materia de justicia constitucional. Reconoció los avances que esta tiene, pero insistió en que afectaría en su operación a las empresas.
“Aunque existan algunos avances, como las sanciones a autoridades que cumplan sentencias, la reforma mantiene restricciones que limitan la suspensión del acto reclamado, especialmente en materia fiscal y de bloqueo de cuentas. Esto podría impedir que muchas empresas sigan operando mientras se resuelve un juicio. Además, exigir que los créditos se garanticen sólo con depósitos en efectivo o cartas de crédito deja fuera a la mayoría de las Mipymes”.
El organismo apuntó que de aprobarse tal cual está la reforma, México enviaría una señal negativa a las inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Retroactividad de la la ley de amparo genera incertidumbre jurídica
Dijo que la confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, mismas que se verían afectadas por buscar la retroactividad de la ley.
“Aún más grave, es que se pretende aplicar la reforma de manera retroactiva, afectando juicios en trámite y rompiendo con principios constitucionales básicos, eso genera incertidumbre jurídica y una señal negativa para la inversión nacional y extranjera. Defender el juicio de amparo es defender nuestra libertad, nuestra economía y el futuro de nuestro país… desde Coparmex hacemos un llamado firme y respetuoso a la Cámara de Diputados para que corrijan esta reforma antes de aprobarla, México necesita leyes que fortalezcan la justicia no que la limiten”.
Organismo busca diálogo con legisladores
El organismo manifestó su interés y voluntad de participar con argumentos en un diálogo abierto con los legisladores, para exponer el desacuerdo con algunos puntos de esta reforma, que insisten tendrá efectos adversos en la vida económica y jurídica del país.
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