México.- La Asociación de Bancos de México, manifestó su disposición para trabajar con el poder legislativo, en relación a las modificaciones al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que será analizada en el senado, en ese marco, expresó estar lista para aportar información y presentar argumentos, para que cuenten con la información que permita al órgano legislativo, enriquecer la propuesta de reforma enviada por la colegisladora.
En ese sentido, la ABM, señaló que en la propuesta que se presente, se debe garantizar la protección de los usuarios de los servicios financieros a fin de evitar que puedan ser afectados por la reforma, en especial, pidió especial atención a las repercusiones que tendría el que los recursos de los ahorradores sean embargables.
La ABM, recomendó a los usuarios que en caso de que sus cuentas tengan poca actividad, los recursos se concentren en una cuenta de uso frecuente y así poder cancelar las otras; también acercarse a su banco, para actualizar sus datos de contacto, expedientes y beneficiarios.
Finalmente, la ABM reiteró que la banca garantiza en todo momento la seguridad y protección de los recursos confiados por sus clientes.
Los diputados aprobaron que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.
También, menciona que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, que a la fecha son poco más de 50 mil pesos, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública; la ley vigente establece 300 días de salario mínimo general.
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