México.- Al concluir su visita oficial a nuestro país, la relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, recomendó la implementación de acciones duraderas para garantizar la seguridad de quienes tienen que salir de sus comunidades por diversos motivos como violencia, crimen, minería, conflictos electorales o agrarios también por el cambio climático ,desastres o discriminación, entre otros factores.
Advirtió que uno de los principales factores es la violencia que influye para el problema del desplazamiento interno forzado donde los grupos delincuenciales buscan reclutar a hombres y mujeres.
“ Recibí información de que algunos de ellos y ellas son víctimas directas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Ser niño o niña y desplazada interna supone una doble vulnerabilidad; el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias les ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono”, advirtió.
Asimismo, Cecilia Jimenez-Damary dijo que México carece de cifras de las personas desplazadas. Y es que consideró que contar con datos es fundamental para desarrollar políticas públicas para atender las necesidades de las personas que han tenido que dejar sus hogares. “Contar con cifras oficiales, basadas en una metodología armonizada de obtención de datos cuantitativa y cualitativa, es fundamental para la elaboración de políticas públicas”, puntualizó.
La relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas reconoció la ley que se analiza en el congreso mexicano que busca atender el desplazamiento interno, por ello consideró la urgencia para la aprobación de dicha legislación. Al respecto, Cecilia Jimenez-Damary manifestó que no bastaría con tener una ley ya que se requiere de presupuesto así como de recursos humanos.
Tomó nota del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que marca la pauta para el desarrollo de políticas públicas que incluye a las víctimas de desplazamiento forzado interno. Su análisis y recomendaciones al gobierno se prepararán en los próximos meses y se ostentará en el consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas en junio de 2023.
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