México.- El pleno del senado aprobó con el voto de Morena y sus aliados el traspaso legal de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en medio de reclamos y un acalorado debate con la oposición que acuso la militarización del país.
Una larga jornada de debate, que se extendió hasta las primeras horas de este viernes 9 de septiembre, en el que el oficialismo defendió el cambio de adscripción para garantizar a los ciudadanos la seguridad y el restablecimiento de la paz, que es un clamor popular, más allá de consideraciones legales o formalismos.
El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y aprobó sin cambios la propuesta presidencial, para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Estas reformas secundarias, establecen que el personal militar puede efectuar “operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública” y homologar al personal de la Guardia Nacional su tiempo de servicio en esta corporación como tiempo de servicio en el Ejército y unidades de vuelo.
En el inicio de la jornada, la mayoría legislativa desechó las mociones suspensivas del PAN para frenar el debate y seis votos particulares presentados de la oposición, así como 200 reservas al dictamen.
Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Corte y exsecretaria de Gobernación, rechazó que se esté estableciendo un mando militar a la Guardia Nacional dado que el presidente de la República es el comandante, un civil es Jefe de las Fuerzas Armadas y pidió confiar en el papel institucional de este cuerpo de seguridad.
“Una eventual aprobación de este dictamen ante el pleno del Senado de la República, en ningún momento puede ser entendida como un ‘cheque en blanco’, insisto no es un ‘cheque en blanco’ para la Guardia Nacional. (…) Daremos un puntual seguimiento a su desempeño, significando que tienen que capacitarse en materia de prevención del delito. (…) La Guardia Nacional no sólo debe dar rondines, sino que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, de investigar y de perseguir el delito”.
El bloque opositor se pronunció en contra de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país y anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma.
Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, afirmó que aprobar este dictamen es un fraude a la Constitución y un error, porque cancela la posibilidad de contar con un cuerpo civil, de alcance nacional, que sea fuerte y confiable.
“Este dictamen no nos va a llevar a mejores resultados en la estrategia de seguridad, porque no hay un uniforme mágico, que pueda crear policías profesionales simplemente por cambiarle de ropa a quienes portan un uniforme militar. (…) Desplegar militares indiscriminadamente para realizar tareas para las cuales no han sido formados, no es mejor que desplegar cuerpos policíacos debilitados. (…) Para que los agentes e integrantes de la Guardia sean civiles, como marca la Constitución, sus jefes deben ser civiles y el dictamen les impone jefes militares. Sostener lo contrario, que la Guardia puede ser civil y militar al mismo tiempo es una falacia”.
Ya entrada la noche, La senadora del PAN, Lilly Téllez, encendió los ánimos de Morena y sus aliados, cuando arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acuso de comer garnachas sobre la constitución.
Llamó a los senadores de Morena súbditos del “pejelagarto” y “grupito de agachados y cómplices del pacto con el crimen organizado”.
“Por su divino capricho va a militarizar a México. Hoy palidecen las memorias de Luis XIV y sus hazañas de grandeza de despotismo ante el mesías tropical ni más ni menos, ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de derecho. (…) En su avaricia por el poder entregaron territorio mexicano al crimen organizado. Pactaron descaradamente con el objetivo de ostentar un cargo público. Todos saben en México quién manda: el crimen organizado, organizado con Morena evidentemente, en un acuerdo en el que la mafia manda y Morena obedece”.
Enseguida, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, lanzó la amenaza de demandar penalmente a la panista por “difamación y calumnias” al presidente de la República.
“Miren ustedes hace unos minutos una senadora cometió calumnias, difamaciones. De modo que yo voy a proponer a todos los senadores y senadoras que quieran sumarse a una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República y por tanto a México”.
La morenista Lucy Meza se lanzó contra la panista, a la que llamó vulgar usurpadora.
“Solamente, para decir nuevamente, que usted es una vulgar usurpadora, porque es una traidora y usted ocupa un lugar que es de Morena, que es de nosotros, que se lo dio la representación de nuestras siglas y por aquí participó. Y usted debería de renunciar por dignidad, porque es una ingrata, es una traidora, una usurpadora, vulgar porque eso es lo que es usted”.
Kenia López corrigió al senador Vasconcelos y a la bancada de morena que desconocen las leyes, ya que la difamación y calumnias están derogadas del catálogo de delitos penales.
Ustedes hacen leyes y no saben que la difamación y las calumnias están derogados hace años, son una vergüenza jurídica, que lastima que nadie les puede enseñar y que lastima que nadie puede demostrarles su ignorancia brutal, es evidente.”
Al intercambio entró la morenista, Lilia Margarita Valdez, negó un pacto entre el gobierno y el crimen organizado, como acuso Lilly Téllez.
“Aquí se ha acusado de tener un pacto con el crimen organizado y creo que a usted le va a corresponder tomar cartas en el asunto y que se demuestre quienes son los que tienen aquí el pacto con el crimen organizado, yo no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, por mucho fuero que tenga, venga a acusar. A mí no me señaló, pero yo no tengo ningún pacto y no es la primera vez que se escucha en esta sala a esta senadora que acusa sin tono ni son, sin pruebas, simplemente poque las cámaras la están enfocando, aquí no hay ningún pacto y si lo hay que lo demuestre, sino que sea la ultima vez que haga esas acusaciones ante el pueblo de México”.
Esta reforma, establece en el régimen transitorio que la Secretaría de Seguridad transferirá a la Defensa Nacional en un plazo de 60 días naturales los recursos presupuestarios y financieros para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación.
De acuerdo con la iniciativa, el secretario de la Defensa Nacional tendrá entre sus facultades: ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, la de expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional; elaborar sus programas operativos y estrategias; organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.
Sin el mando operativo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad conservará las atribuciones de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Propondrá la política criminal y asegurará la coordinación entre los gobiernos federal, de la Ciudad de México, de los estados y de los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Guardia Nacional podrá prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten.
El decreto se envió al titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
SC/
