México.- El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció este jueves en actividades legislativas después de permanecer 57 días ausente de los trabajos presenciales y virtuales en el Senado de la República.
Su regreso ocurre en medio de la controversia generada por las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Su última aparición fue antes de las acusaciones
La última vez que Inzunza participó activamente en labores legislativas fue el 29 de abril, apenas un día antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en un expediente junto a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
En ese documento, las autoridades estadounidenses lo relacionan con delitos como narcotráfico, tráfico de armas y presuntos nexos con Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del grupo criminal.
Reapareció en la Comisión de Justicia
Tras casi dos meses sin actividad pública visible, el legislador morenista participó este jueves en la reunión semipresencial de la Comisión de Justicia del Senado, encabezada por Javier Corral Jurado.
Su presencia marca la primera intervención pública en tareas legislativas desde que estalló el caso.
Aunque había solicitado licencia formalmente y posteriormente notificó su reincorporación durante el periodo extraordinario de mayo, hasta ahora no había sido visto en reuniones parlamentarias.
Las acusaciones también alcanzan a Rocha Moya
El expediente presentado por autoridades estadounidenses el pasado 30 de abril también incluye al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y exfuncionarios estatales.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos desde la oposición, que exige claridad sobre la situación jurídica y política de los involucrados.
Inzunza rechaza señalamientos
El senador ha negado públicamente todas las acusaciones y sostiene que se trata de imputaciones falsas y sin sustento legal.
Sin embargo, su ausencia prolongada alimentó especulaciones sobre su situación política y jurídica.
Su reaparición revive el debate sobre la necesidad de que las autoridades mexicanas y estadounidenses esclarezcan el caso, mientras distintos sectores insisten en que las investigaciones deben avanzar con transparencia.
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