México.- A unos días de la Mega Marcha de la diversidad sexual LGBT+ en la Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio, bajo el lema “Nuestra venganza será volar libres”, cientos de integrantes de dicho sector de la población salen a las calles de capital a manifestarse en contra de la violencia de que son objeto por los prejuicios arraigados que dificultan el pleno ejercicio de derechos, desde el acceso a la seguridad social igualitaria hasta el trato digno en dependencias gubernamentales y espacios públicos.
Denuncian que a pesar de los avances en la visibilización y el reconocimiento legal de los derechos que han obtenido, en su vida cotidiana se enfrentan con desafíos sistemáticos que afectan su pleno desarrollo; pues siguen siendo víctimas de violencia física, crímenes de odio, discriminación laboral, escolar, de servicios de salud y justicia.
Exigen respeto a la identidad de género y alto a la discriminación
“La comunidad de LGTB realmente está muy discriminada. Si hay mucho machismo y mucha violencia machista, que la vemos contra las mujeres también y nosotras somos una colectiva de mujeres y disidencias, pues es todavía peor con la diversidad sexogenérica porque la discriminación se nota, pues en cada uno de los aspectos cuando queremos ir a denunciar una agresión, hay muchísima criminalización y hay una revictimización brutal y no solamente lo que suelen hacernos esperar y la corrupción que sabemos que te piden dinero para llevar a cabo los trámites, sino también pues ese maltrato, ese no reconocimiento a la identidad de sus compañeras, es muy evidente que se les, aunque incluso tengan su nombre en la INE, se les sigue pues hablando como se juzga en esta lógica, pues heteropatriarcal que conocemos muy bien, que hay mujer o hay hombre, no hay más, ¿no? Entonces todavía vemos esa opresión hacia a nuestros compañeros”, denuncia Karla Torres durante un mitin a las afueras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico de la CDMX, donde integrantes de la comunidad de la diversidad sexual exigieron el cambio de identidad de género en sus documentos escolares oficiales.
A pesar del discurso oficial de avances en la visibilización y el reconocimiento legal de los derechos de las personas LGBTIQA+, existe una desconexión profunda entre los marcos jurídicos y la realidad cotidiana que enfrentan estas poblaciones.
Amnistía Internacional alerta por aumento de violencia y crímenes de odio
Amnistía Internacional alerta sobre el incremento de la violencia y violaciones a derechos humanos en México, contra integrantes de la diversidad sexual que aún sufren de crímenes de odio y discriminación.
Edith Olivares, directora ejecutiva de dicha organización en México, llamó a los gobiernos federal y estatales a garantizar una vida libre de violencia y violación de derechos.
“El Estado debe garantizar que todos estos derechos estén institucionalizados, es decir, que no pase por la voluntad de las autoridades particulares de una escuela o de un empleador o empleadora, sino que son derechos que tienen que estar institucionalizados y además hay que promoverlos y darlos a conocer. Y también hay que decir que el Estado tiene la responsabilidad de sancionar e investigar cuando hay actos de discriminación, no con un interés punitivista, pero sí para que, digamos, el conjunto de la comunidad sepa que cuando se discrimina, cuando se violenta a una persona de la comunidad de la diversidad sexual, hay consecuencias”.
Más de 750 asesinatos y desapariciones de personas LGBT+ desde 2014
Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, entre 2014 y lo que va de 2026 se han registrado al menos 750 casos de asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en México.
En este contexto, se observa una tendencia al alza en los crímenes de odio hacia mujeres trans. Las causas son múltiples y estructurales: entre la falta de registros oficiales, la escasa tipificación de estos delitos en los códigos penales estatales, la impunidad, los prejuicios sociales persistentes y la ausencia de perspectiva de género en los sistemas de justicia.
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