EE.UU.- La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra funcionarios y exfuncionarios de seguridad, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, los implicados habrían participado en una red de corrupción que facilitó la operación del narcotráfico, incluyendo el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Señalan protección institucional al crimen organizado
La acusación sostiene que los funcionarios habrían utilizado sus cargos públicos para proteger al cártel, evitar investigaciones y proporcionar información confidencial sobre operativos de seguridad.
Entre los señalados también se encuentran:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”)
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”)
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”)
Según el documento judicial, algunos de ellos habrían recibido sobornos millonarios a cambio de garantizar la operación del grupo criminal.
Vínculos con “Los Chapitos” y violencia extrema
Las autoridades estadounidenses aseguran que los acusados mantenían relación directa con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Incluso, se les atribuye haber participado en actos de violencia, secuestros y asesinatos, así como en la protección de cargamentos de droga en territorio mexicano y su traslado hacia Estados Unidos.
Uno de los casos más graves señala la presunta participación de un mando policial en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar.
Investigación internacional y posibles consecuencias
El caso está a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla y forma parte de una serie de investigaciones iniciadas desde 2023 contra integrantes del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que ningún funcionario está por encima de la ley, y reiteraron su compromiso de perseguir a quienes colaboren con organizaciones criminales.
Hasta el momento, se informó que los acusados se encuentran en México, por lo que podrían enfrentarse a procesos de extradición si así lo determinan las autoridades.
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