México.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó el Informe de la Situación de Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México 2025. En este marco, el director ejecutivo del organismo, Gustavo Alanís Ortega, denunció que “la violencia no cesa y se incrementa”, al registrarse durante el año pasado 10 asesinatos de defensores ambientales en el país.
Detalló que durante el 2025 se contabilizaron 135 eventos de agresión, lo que representa un aumento significativo respecto al 2024, cuando se reportaron 94 casos. “En el 2025, 10 personas defensoras de los derechos ambientales fueron víctimas de agresión letal; es decir, perdieron la vida, fueron asesinados. Haciendo una recapitulación de los últimos once años, hemos contabilizado 199 defensores ambientales que perdieron la vida”, señaló.
Asimismo, Alanís Ortega resaltó que se registraron 89 eventos contra mujeres defensoras, lo que representa un incremento del 61% durante el último periodo reportado.
El Estado mexicano: principal perpetrador de agresiones contra activistas
El directivo del CEMDA afirmó que, lamentablemente, las agresiones provienen principalmente de las autoridades. “Desgraciadamente, el Estado mexicano es el principal perpetrador de las agresiones en contra de los defensores. Estamos hablando de policías estatales, municipales, fiscalías estatales, Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Marina, que tuvieron participación en 76 de los eventos de agresión”, puntualizó.
Estas cifras superan a los eventos relacionados con el sector privado, con 13 casos, y a la delincuencia organizada, vinculada a 12 incidentes. Según el informe, las entidades federativas con mayor índice de violencia hacia defensores ambientales fueron:
- Ciudad de México: 39 agresiones.
- Puebla: 20 agresiones.
- Oaxaca: 17 agresiones.
Recomendaciones y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú
El informe del CEMDA concluye con una serie de recomendaciones urgentes para frenar esta crisis. Entre ellas destaca la necesidad de desterrar la impunidad prevaleciente en México y prohibir las prácticas de estigmatización contra quienes protegen el territorio.
Además, se hizo un llamado a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) mediante la asignación de mayores recursos. Finalmente, se insistió en el cumplimiento cabal del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional vinculante en América Latina y el Caribe que garantiza el derecho a un medio ambiente sano y sostenible y protege a sus defensores.
jj
