México.- El Senado remitió a la Cámara de Diputados la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, tras aprobarla por unanimidad y agregar 40 modificaciones a 15 artículos, además de un nuevo transitorio. La cámara baja deberá ahora allanarse y ratificar los ajustes.
La nueva legislación fortalece el marco jurídico nacional para combatir la extorsión, un delito que ocupa el tercer lugar en incidencia en el país. La ley establece una definición unificada, fija penas más severas y crea mecanismos de protección para víctimas y testigos.
Cómo define la ley el delito de extorsión
La extorsión se perseguirá de oficio y se define como la acción de obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
La pena base será de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 UMA.
Agravantes y aumentos de penas
La ley establece aumentos según la gravedad del caso:
Agravantes de 4 a 8 años adicionales
- Beneficio continuo.
- Afectación a comerciantes.
- Imposición de precios.
- Uso de terceros sin conocimiento.
- Participación de dependencias, sindicatos o asociaciones.
- Cobros por supuestos riesgos.
Agravantes de 5 a 12 años adicionales
- Víctimas migrantes, menores, embarazadas o adultos mayores.
- Relación laboral, familiar o de confianza.
- Uso de información privada o medios electrónicos.
- Simulación de secuestro.
- Actos ilícitos para cumplir la exigencia.
Agravantes de 7 a 17 años adicionales
- Violencia física o armas.
- Impedir denuncias.
- Suplantar identidad de servidor público o grupo criminal.
- Afectación a comunidades.
- Involucrar a menores.
- Ataques a servidores públicos.
Posturas de las bancadas
Javier Corral (Morena): Homologar criterios es clave
Corral destacó que la iniciativa elimina variaciones normativas entre estados y garantiza que la extorsión tenga el mismo tratamiento legal en todo el país.
Carolina Viggiano (PRI): La extorsión creció por omisión de gobiernos anteriores
La senadora señaló que la extorsión aumentó por la complicidad de administraciones pasadas y por estrategias que permitieron la expansión del crimen organizado.
Guadalupe Murguía (PAN): La ley no bastará sin combatir la impunidad
Murguía advirtió que el 97% de los casos quedan impunes, por lo que será indispensable aplicar la ley con rigor y asignar recursos suficientes.
Alejandra Barrales (MC): Un verdadero giro de timón
MC respaldó la ley al considerar que cambia la estrategia frente al crimen organizado y rompe con políticas que favorecieron la expansión de delitos como la extorsión.
Geovanna Bañuelos (PT): Nuevo frente contra un delito devastador
El PT celebró que se incluyan técnicas de análisis digital, intervención de comunicaciones, inteligencia operativa y blindaje penitenciario para impedir que los criminales sigan operando desde prisión.
Nuevos delitos relacionados y sanciones
La ley también sanciona a quienes faciliten o colaboren:
- Auxilio doloso: 4 a 12 años y 60 a 300 UMA.
- Divulgación de información reservada: 4 a 16 años y 500 a 4,000 UMA.
- Omitir denunciar siendo servidor público: 10 a 20 años y 200 a 400 UMA.
- Ingreso de dispositivos electrónicos a penales: 6 a 12 años y 120 a 240 UMA; además de destitución si es servidor público.
- Autoridades penitenciarias que faciliten medios: +3 a 5 años adicionales.
El desistimiento espontáneo dentro de los tres días posteriores a la exigencia puede reducir la pena hasta 50%, siempre que no existan agravantes.
Protección a víctimas y medidas cautelares
La ley incorpora:
- Protección integral para víctimas, testigos y ofendidos.
- Investigación a cargo de unidades especializadas.
- Prisión preventiva oficiosa para extorsión con agravantes.
- Restricciones a la libertad anticipada y conmutación de penas.
- Medidas cautelares como prohibición de contacto con la víctima.
Objetivo central: un marco más eficaz y disuasivo
Con esta reforma, el Senado busca cerrar brechas de impunidad, estandarizar criterios a nivel nacional y proteger a quienes son víctimas de extorsión, uno de los delitos que más afecta a comercios, migrantes y comunidades en todo México.
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