México.- Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, ordenamiento que por primera vez establecerá penas homologadas en todo el país y que convierte la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.
El proyecto avalado incluso por la oposición, aunque con ciertas observaciones, establece diversos cambios a 15 artículos y un artículo transitorio, y constituye el marco jurídico más severo en la historia del país para combatir esta práctica delictiva, que afecta desde comercios y transportistas hasta familias y comunidades completas.
Modalidades de extorsión que busca frenar la ley
La nueva legislación busca frenar modalidades como los llamados montachoques, el cobro de derecho de piso, la extorsión telefónica desde cárceles, así como los abusos cometidos por supuestos o auténticos policías que exigen pagos ilegales.
Penas y definiciones clave en el dictamen
El dictamen fija en el artículo 15 una sanción general de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 UMA, reemplazando los castigos dispares que actualmente van de 1 a 30 años en los distintos códigos penales estatales.
La ley define la extorsión como el acto de obligar a una persona a entregar dinero, bienes, prestar servicios o tolerar situaciones mediante amenazas, coacciones o intimidación.
El incremento al mínimo de la pena —originalmente previsto en 6 años— busca evitar que sentenciados por extorsión puedan beneficiarse con reducciones legislativas o ajustes retroactivos.
Postura de legisladores: preocupación por recursos y crecimiento del delito
Carolina Viggiano, senadora del PRI, advirtió que este delito dejó de ser patrimonial para convertirse en “el cáncer que está ahogando a millones de mexicanos”, y señaló que su crecimiento ha desbordado la capacidad del Estado.
Recordó que la extorsión es principalmente un delito del fuero común, por lo que sin recursos adicionales para policías, fiscalías y tribunales locales, la nueva ley será inaplicable.
En tanto, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, sostuvo que este ilícito “le apuesta al silencio” y se ha convertido en uno de los fenómenos delictivos más lacerantes y extendidos del país.
La queretana expresó preocupación porque la implementación de esta ley no contará con recursos adicionales, lo que pone en duda su aplicación.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, afirmó que la extorsión es uno de los delitos que “tiene de rodillas” a cada vez más mexicanos.
Barrales señaló que la extorsión —incluido el cobro de piso, llamadas y mensajes intimidatorios— afecta cotidianamente a ciudadanos, empresarios y comunidades.
Agravantes y penas que pueden llegar hasta 42 años
La reforma incorpora 34 agravantes en tres niveles que se suman a la pena base:
Primer nivel: aumento de 4 a 8 años (Artículo 16)
Aplicará cuando:
• Se exijan cuotas adicionales.
• Se utilice información personal de la víctima.
• Se soliciten depósitos en cuentas financieras.
• El delito se cometa desde un centro penitenciario.
Segundo nivel: aumento de 5 a 12 años (Artículo 17)
Para supuestos como:
• Extorsiones que afecten la economía de comunidades enteras.
• Participación de varias personas.
• Involucramiento de servidores públicos.
Tercer nivel: aumento de 7 a 17 años (Artículo 18)
En casos donde:
• Se empleen armas o instrumentos peligrosos.
• Se utilice violencia física o moral.
Este nivel puede elevar una sentencia hasta 42 años, especialmente en los montachoques.
Reducción de pena por desistimiento
El artículo 22 prevé que, si el extorsionador se desiste voluntariamente en los primeros tres días y no hay agravantes, podrá aplicarse una reducción de hasta la mitad de la pena.
Sanciones por conductas vinculadas
La ley incluye castigos para quienes faciliten, encubran o toleren la extorsión:
• Auxilio o cooperación: 4 a 12 años (Art. 19).
• Servidores públicos que filtren información: 4 a 16 años (Art. 20).
• Funcionarios que omitan denunciar: 10 a 20 años (Art. 21).
Además, cualquier servidor público implicado enfrentará destitución e inhabilitación.
Aplicación nacional y siguiente paso legislativo
Al ser una Ley General, sus disposiciones serán obligatorias en todas las entidades federativas, lo que cerrará el paso a grupos que aprovechan diferencias entre códigos estatales.
Una vez aprobado en comisiones, el dictamen será discutido este miércoles por el pleno del Senado.
FF/LP
