México.- El pleno del Senado de la República aprobó con 91 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), con el propósito de fortalecer la transparencia y los derechos de las personas usuarias en transacciones realizadas mediante medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
El dictamen establece nuevas obligaciones para los proveedores que ofrecen bienes y servicios en plataformas digitales, especialmente en aquellos casos donde existan cobros automáticos o suscripciones recurrentes, según destaca el senador Saúl Monreal Ávila, integrante de la Comisión de Defensa de los Consumidores.
“Esta reforma pone fin a los cobros automáticos injustificados y a las renovaciones forzosas. Las empresas estarán obligadas a informar de manera clara si un servicio incluye cargos automáticos recurrentes. Nada de letras chiquitas, nada de cláusulas escondidas”, destacó.
Puntos clave para la protección del consumidor digital
Los puntos centrales del proyecto disponen que debe existir por parte del proveedor del servicio:
- Información clara y accesible: El proveedor deberá informar de manera clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, especificando la periodicidad, monto y fecha de cobro.
- Consentimiento expreso: Cualquier cargo recurrente deberá contar con el consentimiento expreso e informado del consumidor, a fin de evitar cobros no autorizados.
- Notificación previa a la renovación: Se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, otorgando al consumidor la posibilidad de cancelarlo sin penalización alguna.
- Cancelación inmediata: El proveedor tendrá la obligación de implementar un mecanismo que permita la cancelación inmediata de servicios, suscripciones o membresías, sin obstáculos innecesarios y sin contravenir las disposiciones contractuales.
De acuerdo con el dictamen, estas disposiciones buscan garantizar prácticas comerciales más justas y transparentes en el entorno digital, así como prevenir abusos o confusiones derivadas de la falta de información o del consentimiento tácito en la contratación de servicios en línea.
JJ
