Gerardo Cedillo, reportero
México.- El Pleno del Senado aprobó en la última sesión del periodo ordinario, una reforma que modifica más de 100 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para endurecer sanciones y reforzar el control del armamento en el país.
Por unanimidad de 105 votos, se establecieron penas de hasta 45 años de prisión y multas superiores a 339 mil pesos a quienes introduzcan de forma ilegal a territorio mexicano armas, municiones, cargadores o explosivos de uso exclusivo del Ejército.
Según el dictamen, las penas más altas se aplicarán a quienes trafiquen, comercialicen, adquieran o fabriquen ilegalmente armas, cuando estas conductas sean cometidas por servidores públicos, integrantes de corporaciones policiales, elementos de las Fuerzas Armadas o personal de seguridad privada.
Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que “Esta legislación no busca criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, busca cerrar los espacios de impunidad para quienes abusan de este derecho y fortalecen las cadenas de violencia. México necesitaba, urgía una ley moderna, técnica y congruente con los principios de seguridad, paz, legalidad que hoy estamos otorgando”.
Destacó que ante la creciente proliferación de armas hechizas o de difícil trazabilidad, se establecen medidas concretas.
“El fortalecimiento del control estatal a través del registro federal de armas de fuego y control de explosivos, a cargo exclusivo de la Defensa, se refuerzan las reglas aplicables a la posesión, portación comercio y transporte de armas y se prohíbe expresamente su envío mediante servicios de paquetería. Segundo la incorporación de nuevas tecnologías, en la regulación prohibiendo la fabricación de armas con impresoras 3D, el uso de explosivos improvisados y dispositivos de activación remota, como los drones, así como las armas de fabricación artesanal”.
Además, prohíbe que civiles usen vehículos blindados modificados para portar armas y asigna de forma exclusiva al Ejército mexicano la responsabilidad del registro y control del armamento en el país.
Asimismo, se actualiza el listado de armamento exclusivo del Ejército y se establece que toda persona que registre un arma deberá designar a un responsable para su trámite en caso de fallecimiento, a fin de definir su destino final.
También prevé que los tres niveles de gobierno deberán realizar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.
La reforma fue enviada de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación y promulgación.
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