Sergio Perdomo, reportero
México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, llamó a construir un sistema de seguridad y justicia más efectivo para todos los mexicanos, para lo cual se requiere analizar de manera integral el papel que juegan no sólo jueces, magistrados o ministros, sino también policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos.
“En la discusión sobre una reforma profunda al Poder Judicial, debe incorporarse como un elemento de análisis la revisión estructural del funcionamiento y resultados de las fiscalías, donde se incluye a los ministerios públicos y la importancia de que se desempeñen con mayor eficiencia y rapidez como instancias de procuración de justicia, coadyuvantes de la seguridad, hasta construir instituciones sólidas que garanticen justicia, que protejan los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de las autoridades”, dijo.
Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 6 de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad: el 69% manifiesta sentirse inseguro en los cajeros automáticos; el 64 por ciento en el transporte público; el 54% en las carreteras y el 53% en los bancos.
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A esto, se suma la cifra de delitos no denunciados o sobre los que no se inicia una carpeta de investigación, alcanza el 92%, lo que agrava la impunidad.
Mientras que la encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023, también del INEGI, indica que la mayoría de las personas entrevistadas considera que nunca o casi nunca los responsables de un delito son llevados ante un juez: el 10% considera que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, 9% que los policías no detienen a los delincuentes y 11% que los jueces liberan a los delincuentes.
Marcela Guerra destacó que se debe “promover una justicia con enfoque multicultural, respetuosa del pluralismo jurídico, con perspectiva de género y respeto a los derechos de sus trabajadores, en sintonía con una visión progresista de los derechos humanos, hasta acercar la justicia a la gente”.
Nuestro derrotero debe ser que las instituciones de seguridad y justicia locales o federales, del norte o sur del país, operen con integridad y transparencia, protegiendo los derechos de cada ciudadano y ciudadana.
“Que cada mexicano pueda vivir con la plena certeza de que sus derechos están protegidos y que la justicia está al alcance de su mano. Este es el México que queremos”.
FF
