Sergio Perdomo, reportero
México.- La Cámara de Diputados avaló que el sujeto activo del delito de violencia familiar pierda derechos sucesorios y no tendrá derecho a recibir herencias. Para ello y con la emisión de 438 votos el pleno de la Cámara de Diputaciones, modificó el Código Penal Federal.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 438 votos a favor, el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 343 Bis del Código Penal Federal, para establecer que el sujeto activo del delito de violencia familiar perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Al fundamentar el dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) explicó que la modificación ampliará la protección legal de los agraviados.
No es posible que cuando existan casos de violencia familiar en contra de personas adultas mayores los agresores aún conserven su derecho a recibir alguna herencia.
Tenemos que rechazar la violencia en todas sus formas, puntualizó.
Por esa razón, añadió, “espero que podamos sumarnos a este dictamen para reconocer la dignidad de las personas de la tercera edad, pero también para prevenir con ello los actos de violencia que se desarrollan en el mismo entorno familiar, con una sanción ejemplar”.
Subrayó que estas reformas no sólo obedecen a una obligación jurídica, sino moral de la sociedad en su conjunto; por ello, es fundamental que el Código Penal Federal contemple sanciones o disposiciones que dispongan la pérdida de la capacidad de heredar.
Comentó que en el caso de las personas adultas mayores no sólo sufren las debilidades o vulnerabilidades propias de su edad, sino que además se convierten en presa fácil de personas que se aprovechan de su condición física, psicológica e incluso del abandono en el que viven para obtener un beneficio o lucro a partir de la manipulación o el engaño.
Los más triste, agregó, es que estos delitos son cometidos por personas cercanas a ellas con tal de obtener un beneficio propio. Aunque no existe una estadística del maltrato que reciben las personas adultas mayores, los últimos reportes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias refieren que el 16 por ciento han recibido alguna forma de abuso, de ahí la trascendencia de aprobar este dictamen.
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