Gerardo Cedillo, reportero
La bancada del PRI en el Senado, presentó una iniciativa de ley que reforma la Constitución Política para reducir de 64 a 60 años la entrega de la pensión universal a las personas que se encuentren en condición de pobreza.
El proyecto que modifica los párrafos 14 y 15 del artículo 4° de la Carta Magna, también busca que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, dando prioridad a las y los menores de 18 años, las y los indígenas y a las y los afromexicanos.
Los priistas reconocen que la pensión universal tiene diversos beneficios, porque proporciona seguridad financiera, reduce la pobreza en la vejez, mejora el bienestar y la calidad de vida, contribuye a la estabilidad económica, promueve la igualdad y la justicia social y simplifica la administración de los programas de seguridad social.
Señalan que brindar apoyos económicos a las personas con discapacidad permanente, es beneficioso porque promueve la igualdad de oportunidades, mejora la calidad de vida, facilita el acceso a servicios y tecnologías de asistencia, fomenta la participación social, reduce la dependencia y cumple con los derechos y normativas internacionales.
Estos apoyos son fundamentales para garantizar la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad en la sociedad.
La modificación a los párrafos señalados establece que:
“El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley.
Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Toda persona mayor de sesenta años tiene derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley”.
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