Fuente: EFE
Ciudad de México.- El Gobierno de México criticó este martes la filtración del proyecto de sentencia en el Supremo que propone invalidar la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral aprobada por el poder Legislativo en diciembre de 2022.
“El actuar de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite”, dijo en un comunicado la oficina de Presidencia.
Precisó que el trámite aún no se ha incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual, consideró “se viola flagrantemente” el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que en uno de sus capítulos prohíbe a ministros y funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión “que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento”.
Esta declaración se dio en respuesta a que el pasado lunes, un portal de noticias revelara que el ministro Alberto Pérez Dayán propondría la anulación de la primera parte de la iniciativa debido a que existieron “claras violaciones” al proceso legislativo. Con su proyecto, el juez propone anular la validez de las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal?, ¿con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante?, ¿a cambio de qué se entregó la información reservada?”, cuestionó el boletín.
Recordó que, según la Ley General de Transparencia, la filtración de información reservada “es una práctica ilegal” que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparte justicia en el país. Mientras que el Código Penal Federal establece como un delito la filtración de documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado. “Cabe resaltar que la SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación”, abundó.
Esto, dijo, “contamina” el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían del proyecto que se difundió. Afirmó que los jueces no hablan solo por sus sentencias “sus actos también demuestran su talante republicano y el respeto al Estado de derecho como servidores públicos”. Por ello, dijo, espera que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales.
El año pasado, López Obrador planteó una reforma energética, posteriormente rechazada, en la que buscaba otorgar preponderancia a la CFE frente a las empresas privadas en la producción de electricidad. Tras el rechazo, el Gobierno federal remitió el llamado “Plan B” que propone cambios al sistema electoral mediante modificaciones a leyes secundarias.
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