Ciudad de México.- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de México refrendó este lunes su respaldo a las reformas a la Ley Minera propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque el sector privado ha advertido sobre los riesgos para la industria de la minería del país.
En un comunicado, el INPI apoyó “en todos sus términos” la iniciativa de reforma a la Ley Minera y otras leyes secundarias propuestas el mandatario mexicano, pues “tiene como uno de sus fundamentos esenciales el respeto cabal a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional e internacional en la materia”.
Esta postura se produce después que la Cámara Minera de México (Camimex) y la agencia Moody’s advirtieran que de aprobarse los cambios, tal como están propuestos, serían negativos para el sector minero y afectarían las inversiones.
Adelfo Regino Montes, director general del INPI, argumentó que uno de los graves problemas de México es que en el pasado se expidieron numerosas concesiones mineras “en abierta violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Por ello, dijo, esta reforma “busca resarcir los agravios cometidos a los pueblos y comunidades indígenas en la ley de 1992, que abrió la puerta a los despojos territoriales y al saqueo de recursos naturales”.
Señaló que esta propuesta presidencial cobra especial relevancia porque pone los cimientos normativos e institucionales “para hacer justicia a los pueblos indígenas de México”. Asimismo, enfatizó que la reforma a la Ley Minera evitará injusticias y daños al medioambiente de los territorios indígenas en el futuro.
El pasado 28 de marzo, López Obrador propuso reformar la Ley Minera, que de salir adelante solo otorgaría concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar la duración de las licencias de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.
Sin embargo, este lunes Moody’s advirtió que esta y otra reforma, que permitiría al Gobierno retirar concesiones o permisos de manera unilateral en la minería y cualquier sector solo con el argumento de que afectan al “interés público”, sería negativo para “cualquier inversión futura”.
FF
