Senado prepara nueva ley contra el feminicidio; víctimas presentan propuestas
Familiares de víctimas y organizaciones presentan propuestas para enriquecer la iniciativa de ley contra el feminicidio, exigen medidas preventivas para evitar este delito.
México.- Senadoras, senadores, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, academia, fiscalías, poderes públicos, familiares de víctimas y sobrevivientes presentaron sus propuestas para enriquecer y fortalecer la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
Tras concluir las seis mesas de diálogo para el análisis del proyecto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las comisiones de Igualdad de Género, Estudios Legislativos y Justicia se aprestan a elaborar un dictamen que incluya, en lo posible, las propuestas de los participantes.
Propuestas para fortalecer la prevención e investigación del feminicidio
En este ejercicio, se abordaron temas relativos a la prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto; tipo penal, tentativa, agravantes y armonización legislativa; víctimas, reparación integral, niñas y niños en orfandad y medidas de protección; coordinación institucional, sistemas de información, registros y fortalecimiento de capacidades.
Más allá de lo que aportaron los organismos nacionales e internacionales, cobra relevancia lo que plantearon las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas y sus familias.
Uno de los principales reclamos es fortalecer la respuesta del Estado ante la violencia feminicida, y para ello se requiere identificar las señales, fortalecer las redes de apoyo y garantizar que una mujer que pide ayuda encuentre instituciones cercanas, sensibles y capaces de responder oportunamente.
Organizaciones piden un Estado protector ante la violencia feminicida
En representación de la Colectiva Cincuenta Más Uno México, Teresa Hernández Suárez expresó que se debe transitar de un Estado reactivo a uno protector, porque cada feminicidio representa una falta sistemática del diseño institucional.
Las alertas de violencia de género, advirtió, son fundamentales, por lo que no pueden ser herramientas de reacción tardías y menos depender de la voluntad política de los gobiernos locales.
La activista María Elena Ríos Ortiz llamó a incorporar, en el artículo 10, el uso de sustancias tóxicas irritantes, explosivos y líquidos a altas temperaturas como parte del delito de feminicidio en grado de tentativa.
Minerva Hernández Rodarte, madre de Minerva Calderón Hernández, víctima de feminicidio, propuso incluir ajustes en el artículo 25 para integrar la responsabilidad de familiares u otras personas, como las del área médica que encubren a los feminicidas y obstaculizan su aprehensión.
Sobrevivientes piden reconocer la tentativa de feminicidio
Sabrina Jimena Gaucher Troncoso, de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio, exigió que la ley general reconozca expresamente el principio de presunción de veracidad y la centralidad del testimonio de la sobreviviente; además de impedir la revictimización y la sobreexigencia de pruebas inmediatas, cuando las mujeres llegan vivas, pero severamente vulneradas.
Las sobrevivientes de intento de feminicidio, Salma Aime Ríos Rivera y Yeritza Bautista Cortés, insistieron en incluir en la redacción, como agravante, la tentativa del delito, ya que suele reclasificarse como violencia doméstica, lo que deja libres a los agresores.
Claudia Ednita Montoya Guerrero, también superviviente, propuso incluir la creación de un registro nacional de sobrevivientes de tentativa de feminicidio para que los victimarios no queden impunes.
La abogada Ana Karen de Jesús Flores planteó incluir en el articulado la sumisión química, es decir, el uso de sustancias que disminuyan las capacidades de las mujeres con el fin de violentarlas.
Proponen reparación integral y protección para niñas y niños en orfandad
Jenny Adriana Murrieta Ramírez, de la organización civil GIRE, asentó que es importante incluir el enfoque transformador de la reparación integral, pues ello implica que el Estado tiene la obligación de la reparación efectiva para las víctimas.
Omaira de Jesús Ochoa Mercado, de Justicia Pro Persona, sugirió que es indispensable hacer una revisión transversal al capítulo de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
Piden intérpretes de lengua de señas en casos de feminicidio
Ana Cristina Lobo Barrón, directora de la Agencia Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, propuso incorporar en la norma que todas las instancias involucradas en la atención al delito de feminicidio cuenten con traductores e intérpretes.
También planteó que los materiales de divulgación de los derechos de la mujer se elaboren en lenguaje de señas.
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