Salomón Jara rechaza pactos con el crimen tras crisis en Juchitán

Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó que su administración mantenga pactos con la delincuencia organizada y aseguró que no habrá protección para ningún funcionario, sin importar su cargo o filiación política.

Las declaraciones ocurren después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetú”, quien se desempeñaba como presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y enfrenta un proceso por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Un juez le impuso prisión preventiva y estableció el 29 de septiembre como fecha para definir su posible vinculación a proceso.

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Jara asegura que no habrá protección para funcionarios

El mandatario estatal sostuvo que su gobierno continuará las acciones contra quienes sean señalados por participar en actividades ilícitas.

Jara Cruz también defendió los operativos realizados contra grupos a los que las autoridades atribuyen actividades delictivas y mencionó entre estas acciones el desmantelamiento de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), así como la búsqueda de otros presuntos integrantes.

“Me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación y cambia su misión por ambición, pero me dolería más fallarle al pueblo”, expresó el gobernador.

El mandatario reconoció así que la actuación de algunos funcionarios de su propio movimiento representa un desafío para los principios que, según dijo, deben regir el servicio público.

Juchitán enfrenta una nueva etapa tras la detención de su alcalde

La detención de Sánchez Altamirano ocurrió el 23 de septiembre durante un operativo en el que participaron autoridades estatales y federales.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el entonces alcalde fue detenido por su presunta responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La dependencia también señaló una presunta relación con la célula denominada “Los Cromos”.

Las acusaciones forman parte del proceso judicial y no constituyen por sí mismas una sentencia.

Posteriormente, el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán. La decisión obtuvo 35 votos a favor y ninguno en contra durante una sesión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre.

Francisco Vásquez queda al frente de la administración municipal

Tras la desaparición de poderes, las autoridades estatales designaron a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal para asumir temporalmente la conducción del Ayuntamiento.

La medida busca garantizar la continuidad de la administración municipal y de los servicios públicos mientras se desarrolla el proceso derivado de la crisis política y de seguridad.

El gobernador informó que el domingo realizó un recorrido por Juchitán acompañado de corporaciones de seguridad estatales y federales, así como del comisionado municipal, como parte de las acciones para reforzar la presencia institucional.

Gobierno de Oaxaca promete continuar los operativos

Jara Cruz aseguró que las acciones contra grupos delictivos continuarán y sostuvo que no habrá excepciones por razones políticas.

El gobernador también reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la coordinación con las fuerzas federales para atender la situación de seguridad en Oaxaca.

La presidenta Sheinbaum había precisado previamente que la detención de Sánchez Altamirano derivó de una investigación previa y que no estaba directamente relacionada con el ataque sufrido por la diseñadora muxe Elvis Guerra, ocurrido días antes en Juchitán.

¿Qué sigue en el caso del exalcalde?

Por ahora, Miguel Sánchez Altamirano permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

El juez estableció el 29 de septiembre de 2026 como fecha para determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le imputan las autoridades.

Mientras tanto, Juchitán enfrenta una transición en su gobierno municipal y un operativo de seguridad reforzado, luego de la desaparición de poderes aprobada por el Congreso estatal.

El caso coloca al municipio del Istmo de Tehuantepec en el centro de la agenda de seguridad y gobernabilidad de Oaxaca.