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Protestan afuera del Invea por clausura de predio del Movimiento Democrático Vida Digna

Jorge Sánchez, reportero
  • México.- En protesta por la actitud del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de clausurar -afirman-"arbitrariamente" el predio donde trabajan alrededor de 300 personas pertenecientes al Movimiento Democrático Vida Digna A.C., efectuaron un mitin a las afueras de las instalaciones de dicha dependencia del gobierno capitalino.

    Los manifestantes exigieron a las autoridades del Invea les informen el motivo por el cual fue cerrado arbitrariamente el predio y la restitución del mismo.

    Denunciaron que el pasado 3 de agosto aproximadamente a las 6 am, se constituyó personal del Invea, SSP de la Ciudad de México, Sedema, Delegación Cuauhtémoc, y Horacio Robles Ojeda por la Dirección General del gobierno de la Ciudad de México, en el predio ubicado en Londres 91, Colonia Juárez, con la intención de notificar orden de verificación, situación que no aconteció dado que con violencia procedieron a realizar el desalojo y clausura de los comerciantes que ocupaban el lugar, por lo que informaron los afectados que han presentado denuncias penales.

    Sergio Jiménez Barrios, líder del Movimiento Democrático vida Digna, A.C. Informó que junto con otras asociaciones civiles, son posesionarios del predio mencionado, derivado del acuerdo que se ha celebrado con el Gobierno de la Ciudad de México y que le ha sido entregado con antelación, inclusive derivado de una compra-venta anterior que se celebró con los dueños originales del predio, por lo que desmintió que el lugar haya sido invadido por el Movimiento y otras asociaciones.

    Explicó que se encuentra en trámite el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PART), el cual ha sido reconocido por autoridades del Gobierno del Distrito Federal y que diversos órganos de gobierno local han propulsado para que sea entregado a las asociaciones que ocupan el predio en cuestión.

    Derivado de lo anterior, se promovió amparo indirecto en contra de dicha determinación, señalando como autoridades responsables a diversas, dado que se desconocía cuál de todas ellas había ejecutado el acto de autoridad, pues no existió ninguna notificación de parte de ninguna de las autoridades que ejecutaron el desalojo y clausura.

    Diversas autoridades al momento de rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados, es decir, negaron haber ejecutado la clausura y desalojo de los comerciantes que ocupaban el predio en cuestión. No obstante -dijo- de que existen notas periodísticas y videos que comprueban que sí participaron.

    El Invea al rendir su informe previo reconoció haber ejecutado dichos actos, e inclusive exhibió el expediente administrativo de la clausura, sin embargo cabe precisar que de acuerdo a su expediente administrativo, con fecha 3 de agosto del año en curso solo procedieron a llevar a cabo la visita de verificación y en el caso con esa misma fecha llevaron a cabo la ilegal clausura de desalojo, dejando sellos sin folio ni dependencia que había ordenado el acto, inclusive de videos y fotos se aprecia que personal de Sedema, estaba colocando sellos de igual manera y del mismo expediente administrativo se advierte que la clausura oficial fue llevada a cabo el día 18 del mismo mes y año lo cual no aconteció, pues acudieron a reemplazar los sellos que ya habían dejado desde el día 3 de agosto del presente año.

    No obstante lo anterior, al momento de rendir informes justificados, el INVEA, refiere que no ha ejecutado ninguno de los actos de autoridad, contradiciéndose respecto a su informe previo en el que no solamente reconoció haberlos ejecutado, sino inclusive, exhibió un expediente de todas las actuaciones que realizó.

    Inclusive, la SSP de la Ciudad de México, Sedema, Delegación Cuauhtémoc, y Horacio Robles por la Dirección del Gobierno de la Ciudad de México así como Patricia Mercado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, han negado en sus informes previos y justificado haber ejecutado cualquier acto tendiente al desalojo y clausura, a pesar de qué hay pruebas que demuestran la contrarío, sostuvo Jiménez Barrios.

    Informó que el amparo se encuentra pendiente de resolución, sin embargo, se procederá a iniciar denuncias penales en contra de las autoridades que han declarado falsamente ante la autoridad judicial al negar los actos reclamados.

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