Propone PT en el Senado relanzar el fondo minero extinto por la mayoría de Morena para desarrollo de comunidades mineras del país

Gerardo Cedillo, reportero
  • México.- Luego de que sus aliados de morena y otros partidos avalaron la desaparición del fondo minero y otros fideicomisos como el Fonden.
    La bancada del PT en el Senado propuso reivindicar la actividad minera y generar beneficio para los municipios y comunidades donde se desarrolla la minería.

    La coordinadora de la bancada, Geovanna Bañuelos de la Torre propuso modificar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos para crear el Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras.

     La legisladora por Zacatecas afirmó que el Partido de Trabajo está profundamente comprometido con el desarrollo pleno de las comunidades mineras del país, qué han visto afectados sus ingresos, desarrollo y servicios tras el redireccionamiento de esos recursos a la SEP. Al fundamentar su propuesta destacó que en Zacatecas y otros estados de la República, la minería es uno de los pilares económicos de la entidad y ha sido factor en el crecimiento urbano y el desarrollo económico del estado. 

    No obstante, señaló que, desde que se modificó la Ley Federal de Derechos vigente en 2020, los recursos se transfirieron en su mayoría a la Secretaría de Educación Pública, dejando a las comunidades mineras sin los recursos que percibían por este concepto para mejorar su infraestructura y bienestar social. “Lo anterior, impacta de manera negativa a sus habitantes, en diferentes rubros como insuficiencia en el abasto de agua, en el manejo de residuos generados por el municipio, en infraestructura de caminos, en el aprovisionamiento de energía eléctrica, en dotación de espacios deportivos y culturales", explicó Geovanna Bañuelos.  

    La Petista resaltó que en 2020 la producción minera alcanzó cifras millonarias: 281 mil 515 millones de pesos. Y este sector representa el 8.3% del Producto Interno Bruto industrial, y el 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional, de acuerdo con los datos del Inegi. Además, generar cerca de 370 mil empleos directos y hoy en día las mujeres representan el 15% de la fuerza laboral. 

    “La riqueza del subsuelo pertenece a la Nación; sin embargo, no se observa una correlación entre los exorbitantes beneficios que reciben las grandes empresas mineras y el desarrollo económico y social de las comunidades en donde se extraen grandes cantidades de minerales”, mencionó. Por ello, explicó que el objetivo de su iniciativa es establecer en la ley que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la misma, se integren en un Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras. 
     
    Estos recursos deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, en los municipios con actividad minera incluyendo obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, instalación y mantenimiento de alumbrado público.  Así como servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables y la construcción, remodelación, equipamiento y mejora de los espacios públicos urbanos de estas comunidades. 
     
    “Hoy vengo a proponer un nuevo Fondo Minero con sentido y justicia social, con visión incluyente y con una más justa redistribución. Hoy más que nunca, en tiempos de pandemia requerimos este tipo de medidas para reactivar nuestra economía”, apuntó Geovanna Bañuelos. Por ello, destacó que la creación de un fondo vinculado a la explotación de los recursos minerales beneficiará a las comunidades mineras de México y se contribuirá a la justa retribución de la riqueza que se genera de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 
     
    Además, propone que de la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley, se destinará en un 85% al Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras, el 5% a la Secretaría de Economía y el 10% restante al Gobierno Federal, mismos que se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.

    JR 

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