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Militares en  Guardia Nacional una apuesta riesgosa; Luis Raúl González Pérez 

Enfoque Noticias
Sergio Perdomo
  • El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez afirmó que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo ni de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, y recordó que el Presidente de la República ha hecho expreso su compromiso de respetar el contenido y principios de la Constitución, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo, por lo que subrayó que por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

    Al presentar el Informe Anual de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, en el Salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo de San Lázaro, enfatizó que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.

    “Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza –aseguró-, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil”.

    Contar con 33 Fiscalías Autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes es fundamental y permitirá que la investigación de casos complejos – como la desaparición de 43 normalistas y la reciente explosión de un ducto en Hidalgo- tome un curso institucional y la sociedad tenga la certeza de que se llegará a la verdad sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales de ningún tipo, lo que no es solo cuestión de dichos o anuncios, sino que éstos se sustenten en elementos técnicos y científicos irrefutables.

    “Hemos rechazado enfáticamente la imposición de ´verdades históricas´, no podemos permitirnos entrar a una época de ´verdades oficiales´. La verdad es un bien que debemos preservar como factor necesario para llegar a la legalidad, al respeto de los derechos y al fortalecimiento democrático. A la verdad no se llega por consensos, a la verdad se llega probando hechos”, aseguró.

    Convocó a senadores y diputados para que, desde la función legislativa, contribuyan a generar un entorno de respeto al derecho a disentir y a evitar discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana, ya que nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, o persona que desaparece o pierde la vida implica agresiones entre la sociedad misma.

    Ante la violencia fraticida que enfrenta el país, el Ombudsperson nacional afirmó que las autoridades deben asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les han encomendado para que, mediante el cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático, se recuperen la paz, seguridad y armonía en las relaciones sociales.

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