México enfrenta una amplia brecha para alcanzar su meta de financiamiento sostenible

México enfrenta una amplia brecha para alcanzar la meta de financiamiento sostenible establecida para 2030, ya que los recursos movilizados mediante bonos etiquetados bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) todavía están lejos del objetivo anual de 1.7 billones de pesos.

Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, señaló que durante la última década el país apenas ha alcanzado, en conjunto, un monto equivalente a lo que la estrategia plantea movilizar en un solo año.

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La especialista destacó que aumentar estos recursos será fundamental para hacer frente a riesgos asociados con el cambio climático, entre ellos fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y alteraciones críticas de los sistemas naturales.

México necesita reorientar el financiamiento hacia la sostenibilidad

Aguilar recordó que la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, presentada por la Secretaría de Hacienda en 2023, estableció como meta movilizar 1.7 billones de pesos anuales hacia 2030 para contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.

La estrategia plantea la necesidad de reorientar recursos públicos y privados hacia proyectos sostenibles, además de fortalecer la divulgación de información y desarrollar nuevos instrumentos financieros.

La representante del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles explicó que el reto no consiste únicamente en aumentar el volumen de recursos, sino en generar las condiciones para que el sistema financiero pueda identificar, medir y canalizar las inversiones hacia actividades con beneficios ambientales y sociales.

Bonos ASG buscan financiar proyectos sostenibles

Los bonos etiquetados con criterios ASG permiten canalizar recursos hacia proyectos que incorporan objetivos ambientales, sociales o de gobernanza.

El financiamiento sostenible puede contribuir a proyectos relacionados con temas como energías limpias, infraestructura resiliente, conservación de biodiversidad y desarrollo social, dependiendo de las características de cada instrumento.

Aguilar señaló que el objetivo final consiste en que estos recursos generen beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la biodiversidad.

Compromisos climáticos de México no tienen sanciones

La directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles explicó que los compromisos asumidos en el marco de las Conferencias de las Partes (COP) no son obligatorios en el sentido de que no contemplan sanciones automáticas por incumplimiento.

Sin embargo, consideró que México ya comenzó a construir herramientas para avanzar hacia una mayor movilización de recursos sostenibles.

Entre ellas destacó la creación de una taxonomía con 120 actividades, además de estándares y métricas que buscan establecer un lenguaje común para identificar actividades económicas sostenibles.

Taxonomía busca facilitar las inversiones sostenibles

Aguilar destacó que contar con una taxonomía permite establecer criterios comunes para determinar qué actividades pueden considerarse sostenibles y facilita el seguimiento de los recursos destinados a este tipo de proyectos.

La especialista señaló que estas herramientas necesitan tiempo para que empresas, instituciones financieras, inversionistas y autoridades las conozcan y puedan incorporarlas a sus procesos.

El desarrollo de estándares locales y mecanismos de divulgación también forma parte de las condiciones necesarias para reducir la brecha de financiamiento.

Banca tendrá un papel clave

Para avanzar en la movilización de financiamiento sostenible, Aguilar consideró indispensable la participación de la banca y otros actores del sistema financiero.

Las instituciones financieras pueden desempeñar un papel relevante en la identificación de proyectos, estructuración de instrumentos y canalización de capital hacia actividades relacionadas con la sostenibilidad.

El reto para México será incrementar gradualmente el flujo de recursos y acercarlo a la meta establecida para 2030, mientras se consolidan los estándares y herramientas que permitan medir su impacto.