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“Ley Antimemes”: Senado modifica reforma contra piratería

Las comisiones del Senado aprobaron con modificaciones la reforma contra la piratería y el uso ilegal a escala comercial de símbolos e identidad gráfica de instituciones públicas, tras un debate sobre sus posibles efectos en contenidos de redes sociales

Por Gerardo Cedillo Hurtado · Hace 38 min
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Senado analiza reforma contra la piratería y el uso comercial de símbolos de instituciones públicas
Senado analiza reforma contra la piratería y el uso comercial de símbolos de instituciones públicas

México.- Las comisiones unidas de Economía, Justicia y Estudios Legislativos, Primera, del Senado aprobaron con modificaciones la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería y el uso ilegal a escala comercial de símbolos e identidad gráfica de instituciones públicas.

Senado modifica reforma contra piratería y símbolos oficiales

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El dictamen avanzó en medio de un debate político por el alcance de una de sus disposiciones, luego de que legisladores de oposición la calificaran como una “Ley Antimemes”, al advertir que su redacción original podía abrir la puerta a sanciones contra contenidos de parodia, sátira o crítica difundidos en redes sociales.

Para acotar esa interpretación, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, presentó una reserva al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con la que se modificó el alcance de la conducta que sería considerada delito.

El texto original establecía penas de entre tres y siete años de prisión, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quien utilizara, reprodujera, imitara o incorporara a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos, signos o documentos oficiales de dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno, cuando ello tuviera como propósito inducir al error o engaño.

Durante la discusión, Corral explicó que la reserva elimina referencias amplias a “dependencias y entidades de la administración pública” y concentra la disposición en instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la nueva redacción, se sancionaría con uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil UMA a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a una institución pública, con la finalidad de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, mediante cualquier medio.

Reforma incorpora finalidad de engaño sobre origen oficial

“Se impondrá de 1 a 5 años de prisión y multa de 1.000 a 10.000 unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial.
“Ya de entrada le eliminaríamos o cualquier otro signo o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno para inducir y ya le quitamos todo lo de dependencias y entidades de la administración pública, etcétera. Nos concretamos a institución pública de los tres órdenes de gobierno para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública a través de cualquier medio”, propuso el morenista.

Con ello, el debate dejó de centrarse únicamente en el uso de imágenes o símbolos oficiales y se incorporó como elemento central la finalidad de generar un engaño respecto del origen oficial de contenidos, servicios o comunicaciones.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Ladrón de Guevara, rechazó que la reforma tenga como propósito censurar la parodia o la crítica en internet.

“¡Dios nos libre!”. Seríamos los primeros en pegar de gritos y eso ocurrir. Estamos en otro tono que tiene que ver con las escalas comerciales que a veces algunos quieran hacer ver”, afirmó.

Oposición mantiene reservas por libertad de expresión

Sin embargo, la oposición mantuvo sus reservas.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que su bancada coincide en la necesidad de combatir la piratería, a la que consideró un daño real para la economía, pero cuestionó que la redacción pueda dejar margen de interpretación al juzgador.

Barrales sostuvo que el uso de logotipos, figuras gubernamentales y otros elementos institucionales forma parte de las expresiones que cotidianamente circulan en redes sociales y advirtió que las sanciones previstas en la versión original podían tener consecuencias sobre la libertad de expresión.

“La piratería es un daño real a la economía del país, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero no es a partir de la censura a medios de comunicación, a libertad de expresión, como se va a lograr combatir la piratería”, planteó.

El senador priista Pablo Ángulo también manifestó su desacuerdo con el contenido de la reforma y sus posibles implicaciones.

“Es un intento de este gobierno en todas las áreas, en todas las instituciones, de querer callar a la oposición y callar a la gente. Ya cuando un gobierno empieza un sistema autoritario como es el de Morena, este gobierno intenta callar ya a todo mundo, pues está claro que lo que no quiere es que los mexicanos hablen de la realidad que se vive todos los días”, declaró.

Dictamen contra piratería continúa proceso legislativo

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo federal al Senado a finales de mayo de 2026 y turnada para su análisis a las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, Primera.

Con las modificaciones aprobadas, las comisiones buscan delimitar la conducta sancionable a la utilización comercial de elementos institucionales cuando exista una intención de inducir al error o engaño sobre su carácter oficial.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para continuar con su proceso legislativo.

FF

Gerardo Cedillo Hurtado
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