GCDMX reconoce el triunfo del gobierno de México al detener privatización de un servicio público, con fallo internacional que favorece a taxistas
CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Economía y del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum por representar al Estado Mexicano en un arbitraje internacional que ha concluido favorablemente para el país. A mediados de 2016, se otorgó una concesión a una empresa con inversión extranjera que obligaba a casi 140 […]
CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Economía y del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum por representar al Estado Mexicano en un arbitraje internacional que ha concluido favorablemente para el país.
A mediados de 2016, se otorgó una concesión a una empresa con inversión extranjera que obligaba a casi 140 mil taxistas a instalar una tableta digital en sus vehículos en sustitución del taxímetro, debiendo pagar a dicha compañía por cada viaje realizado. De esta forma, se buscó privatizar el servicio de taxis en la capital, generando un negocio millonario para los accionistas.
El fin de la privatización y el litigio ante el CIADI
Desde su campaña a la Jefatura de Gobierno, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de esta política privatizadora. Con el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, se detuvo el proceso y la concesión quedó sin efectos, lo que dio lugar a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano perteneciente al Banco Mundial.
Al responder a las pretensiones de las demandantes, el equipo legal de la Secretaría de Economía logró demostrar que no se vulneró ninguna regla del TLCAN, además de exigir una compensación por los costos que implicó la defensa jurídica.
Fallo histórico: México se ahorra 3 mil millones de dólares
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Arbitral falló a favor del Estado Mexicano, desestimando la reclamación de las compañías extranjeras que buscaban una indemnización de casi 3 mil millones de dólares. Además, el tribunal condenó a las demandantes a pagar las costas exigidas por México.
Desde el inicio del litigio, hace casi cinco años, la Jefatura de Gobierno coadyuvó con el Gobierno Federal proporcionando información puntual sobre el origen del asunto. Con este éxito, los habitantes de la capital no deberán asumir el costo de decisiones arbitrarias del pasado que buscaban privatizar servicios públicos esenciales.
Boletín /jj
