Detecta ASF millonarias irregularidades en INE y Oples por casi 9 mmdp

México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió de oficio una investigación en todos los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) del país y en el Instituto Nacional Electoral (INE), a raíz del escándalo desatado durante la gestión de Guadalupe Taddei. Dos grupos empresariales acumularon casi 9 mil millones de pesos en operaciones irregulares y conflictos de intereses.

También se investiga al consejero Arturo Chávez, reveló el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien dijo que, en cuanto se detecte un delito, se acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR).

ASF detecta irregularidades por 8 mil 870.3 millones de pesos en el INE

En las investigaciones de oficio que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación en el INE, se han detectado operaciones irregulares por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, informó su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

Indicó que estas investigaciones también abarcan a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

Manifestó que la investigación realizada por la ASF sobre este escándalo de corrupción indaga también si el entonces director de Talleres Gráficos y actual consejero del INE, Arturo Chávez, participó en alguna negociación dentro del proceso de licitación para la producción de la credencial para votar con fotografía, la cual está a cargo de la empresa Cosmocolor.

ASF investiga posibles irregularidades en licitaciones de los Oples

Lo anterior lo dijo el titular de la ASF al hacer la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 en la Cámara de Diputados, y precisó que la ASF realizó diversos trabajos de inteligencia que le permitieron identificar las irregularidades en los organismos electorales.

El auditor Hernández Palacios Cardel informó en el recinto legislativo de San Lázaro que, en el tema de los Oples, hay una línea de investigación que gira en torno a las posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones, en menoscabo del patrimonio público.

Y que, en la medida en que se vaya detectando un delito, se acudirá a la FGR para presentar la denuncia penal.

JJ