Desvíos de recursos en Nayarit y Zacatecas deben sancionarse; advierte GPPRD

Sergio Perdomo, reportero
  • México.- Diputados del GPPRD se pronunciaron porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR) y los órganos homólogos de Zacatecas y Nayarit investiguen los desvíos y pagos indebidos por miles de millones de pesos a funcionarios de ambas entidades, a fin de sancionar a los responsables y recuperar los recursos públicos malversados.

    Encabezados por Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez -respectivamente Coordinador, Vicecoordinador y Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD-, calificaron como “inaceptable” que las instituciones mexicanas vayan a la zaga de órganos de justicia internacionales que –incluso- detuvieron ya a ex gobernadores priistas corruptos como César Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas.

    Consideraron indispensable que las instituciones nacionales, tanto estatales como federales, combatan con hechos la corrupción, en primer lugar, con investigaciones pertinentes y, en segundo, con la presentación ante la justicia de los malos funcionarios para que rindan cuentas y sean sancionados por traicionar la confianza ciudadana.

    Respecto a Zacatecas, destacaron que el gobierno de Miguel Alonso Reyes fue denunciado en días recientes por realizar pagos y compensaciones exorbitantes, sin justificación legal alguna, por casi dos mil 100 millones de pesos a sus funcionarios a través de la partida 1711 (Pago de Estímulos a Servidores Públicos).

    Con ello, el gobierno de Alonso Reyes triplicó el ingreso de algunos de sus funcionarios, pero lo más grave es que el esquema de desvío de recursos públicos –de acuerdo con la organización “Soledad Ciudadana”, la cual obtuvo la información a través de una solicitud formal- continúa en el actual gobierno zacatecano, con lo cual la sangría a las finanzas públicas se acrecienta.

    Los diputados perredistas señalaron que, por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda en Nayarit desvió al menos dos mil 291 millones de pesos de fondos federales para educación, salud, seguridad y obra pública a propósitos distintos, por lo cual el órgano fiscalizador presentó una denuncia penal.

    Frente a la reiteración de actos de corrupción por parte de los gobiernos priistas, los legisladores del GPPRD consideraron imperativo que el Estado Mexicano inicie una verdadera lucha frontal contra la corrupción como nunca antes se haya visto.

    “Convencidos de que la corrupción constituye el mayor de los males que aquejan a nuestra sociedad, lastimando a quienes menos tienen y desviando los recursos públicos que deben enfocarse a atender y disminuir las fuertes desigualdades en nuestro país, sometemos a la consideración de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo”, señalaron.

    En resumen, en dicha proposición de punto de acuerdo a la Permanente, los perredistas piden que el Congreso de la Unión exhorte a la ASF, la PGR, y a los órganos de fiscalización y a las fiscalías generales de esas entidades investigar estas denuncias de desvíos de recursos a fin de sancionar a los responsables y recuperar los recursos indebidamente sustraídos.

     

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