Denuncia la CNDH detención arbitraria, retención ilegal y tortura de policías federales contra un hombre en Reynosa, Tamaulipas

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Jorge Sánchez
  • Por ingresar a un domicilio sin contar con una orden judicial, detención ilegal y arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en agravio de un hombre, atribuibles a  elementos de la Policía Federal (PF) en Reynosa, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 67/2018 al entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y al quien fuera Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, la cual les fue debidamente notificada el 30 de noviembre del presente año.

    Este Organismo Nacional acreditó que, con su actuación, esos elementos transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y seguridad personal, así como a la integridad personal por actos de tortura en agravio de la víctima. Además, se advirtió que los Agentes del Ministerio Público Federal encargados de la averiguación previa que se inició con motivo de la denuncia de esos hechos incurrieron en omisiones en la integración de la indagatoria penal, por lo que vulneraron el derecho al acceso a la justicia por inadecuada procuración.

    En escrito de queja recibido por este Organismo Nacional se señaló que personal de la Policía Federal ingresó violentamente al domicilio del agraviado cuando no estaba. Su esposa le llamó por teléfono para informarle del allanamiento, pero uno de esos elementos interrumpió la llamada para decirle que lo estaban investigando y si no acudía a su vivienda dañarían a su familia.

    De inmediato llegó a su domicilio; fue detenido y llevado a un lote baldío donde dichos servidores públicos lo agredieron físicamente y amenazaron para que proporcionara información sobre la ubicación de armas, drogas, dinero y paradero de personas pertenecientes a la delincuencia organizada; luego fue trasladado al estacionamiento de un hotel donde permaneció esposado a la defensa de una patrulla hasta el día siguiente.

    Más de 24 horas después fue puesto a disposición de la PGR; en el parte informativo se asentó que el agraviado fue detenido en flagrancia y le imputaron los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

    Luego de concluir su investigación, la CNDH contó con evidencias que permiten acreditar las mencionadas violaciones a los derechos humanos, por lo que pide a la CNS la reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya atención médica y psicológica, e inscribirlo en el Registro Nacional de Víctimas, e impartir formación y capacitación en derechos humanos al personal de la PF, para evitar cateos y detenciones ilegales y arbitrarias, y en la aplicación del Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza.

    También, colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia y el procedimiento administrativo de responsabilidad que presente este Organismo Nacional ante la PGR y la Unidad de Asuntos internos de la Policía Federal, respectivamente, contra los elementos de la PF que intervinieron en los hechos. En caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, deberá dejar constancia de la resolución respectiva y de esta Recomendación en el expediente personal y laboral de cada uno de ellos.

    A la PGR se solicita continuar la práctica de diligencias que sean legal y materialmente necesarias para determinar la Averiguación Previa conforme a derecho; colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que formule ante la propia PGR y la Visitaduría General de esa Procuraduría, respectivamente, contra de los servidores públicos señalados en la Recomendación y quien resulte responsable, así como capacitar al personal ministerial y pericial de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR.

    La PGR y CNS deberán designar cada una al servidor público de alto nivel que será enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.

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