*

Denuncia GPPRD intervención de autoridades del Edomex para que PGR no atraiga investigación por atentado contra activista Malú García

Sergio Perdomo, reportero
  • Ciudad de México.- Diputadas federales del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) denunciaron irregularidades cometidas por Dilcia García Espinosa, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE), con el objetivo de que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República (PGR), no atrajera la investigación por el atentado en contra de Malú García, activista y defensora de derechos humanos, ocurrido la noche del jueves, cuando la camioneta en la que viajaba fue baleada, en Toluca.

    En conferencia de prensa, las diputadas Cristina Gaytán Hernández, Maricela Contreras Julián y  Hortensia Aragón Castillo detallaron que la funcionaria de la administración de Eruviel Ávila, trató de ganar tiempo obstaculizando que se presentara la denuncia en la fiscalía, para iniciar la investigación de manera oficiosa y para que FEVIMTRA se desistiera de intervenir, pues si una instancia federal lleva la investigación y algo le pasa a García o a alguien de su familia –dado que tiene medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2008- el Estado mexicano sería el responsable directo.

    Cabe señalar que el viernes por la noche se interpuso la denuncia en FEVIMTRA; sin embargo, minutos más tarde dicha dependencia declinó realizar la investigación y la mandó al fuero común; es decir, que las autoridades del Estado de México encabezarán las diligencias del caso por el atentado ocurrido en un vehículo oficial de la PGR y en el que el escolta que acompañaba a la activista también es elemento de la procuraduría.

    La diputada del Sol Azteca Cristina Gaytán Hernández sostuvo que las instancias encargadas del acceso a la justica revictimizan a los afectados al agredirlos por exigir sus derechos y exigió que la fiscalía especial atraiga el caso.

    “Estaremos muy atentas a que haya justicia, a que se den las condiciones necesarias para la seguridad de Malú, pero sobre todo, a que esto no siga pasando y que se quite la idea de que en el Estado de México no pasa nada, que las mujeres están a salvo, que no desaparecen, que no mueren, a pesar de que van 17 asesinatos de mujeres en lo que va del año. Estamos en un grave problema”, sostuvo la parlamentaria.

    Maricela Contreras Julián calificó como grave que la PGR –a través de la FEVIMTRA- constantemente eluda su obligación al no atraer este tipo de casos y agregó que es evidente que el Estado de México no está haciendo su tarea en materia de seguridad, por lo que hizo un llamado para que los expedientes de la investigación se integren de manera adecuada.

    La también presidenta de la Comisión Especial para la Atención de los Delitos Agravados por razones de Género –que se instalará el próximo 14 de febrero- sostuvo que estamos ante un gobierno que fomenta la impunidad y que castiga a las personas que buscan justicia. Urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a pronunciarse sobre el caso, toda vez que ya hay una queja interpuesta en esa dependencia por el incumplimiento del Estado de mexicano para garantizar la seguridad de la activista, a pesar las medidas cautelares a su favor y por la violación a derechos humanos que ponen en riesgo su vida.

    En su intervención, Hortensia Aragón Castillo apuntó que las agresiones en contra de defensores de derechos humanos es un problema muy grave en nuestro país, tanto como los homicidios a comunicadores, por lo que las autoridades deben hacer su trabajo.

    “Los funcionarios responsables en todos los niveles no están haciendo lo que les corresponde; lo que hizo la autoridad en el Estado de México fue ganar tiempo para hacer pasar el caso como si se tratara de un delito del fuero común y no vinculado a un atentado contra una defensora de derechos humanos”, argumentó la también presidenta de la Comisión de Educación.

    Malú García, de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa” –y quien se involucró en el activismo luego del feminicidio de su hermana Lilia Alejandra García Andrade, en 2001- agradeció el respaldo de Gaytán Hernández con quien en todo momento tuvo comunicación vía telefónica y quien intervino ante varias dependencias, incluida la Secretaría de Gobernación (Sergob), para que la emergencia fuera atendida.

    “Fue gracias a la intervención de la diputada Cristina Gaytán y de instancias como el Alto Comisionado que las autoridades se comunicaron conmigo vía telefónica, me recibieron, sacaron a mi familia de Toluca y nos pusieron en un lugar de resguardo”, declaró la activista, quien criticó la falta de un protocolo que el Estado ponga en marcha en este tipo de situaciones.

    Cabe señalar que cuando Malú García pudo comunicase con la subprocuradora, ella le dijo “que no me preocupara, que yo estaba segura, que en el Estado de México no pasaban esas cosas, que las mujeres en Toluca estaban bien, que eso no podía ocurrir allá y que lo más seguro es que se tratara de un asalto y que no tenía que tener miedo”. Horas después recibió un mensaje con amenazas directas en contra de ella y su familia.

    García subrayó que no confía en las autoridades del Estado de México, pues tiene conocimiento de los atentados, asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de mujeres.

    “La subprocuradora Dilcia en todo momento trató de persuadirme diciéndome que no acudiera a FEVIMTRA. Me mintió diciéndome que las instalaciones estaban cerradas y que no había nadie que me recibiera. Trató de persuadirme en todo momento de que no pusiera la denuncia en una instancia federal”, denunció la activista.

     

     

     

Categoria: