Defensa de Farías Laguna cuestiona versión de la FGR
La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna cuestionó la versión difundida por la FGR y pidió acceso íntegro a la investigación. También solicitó que Rafael Ojeda Durán comparezca como testigo del caso
México.- El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna; -presos por su presunto involucramiento en el delito de Huachicol fiscal-, denuncia que la información difundida recientemente por la Fiscalía General de la República presenta una versión parcial de los hechos.
“La Fiscalía presentó como nuevo hallazgo el cateo de una bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna, aunque la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026. En el inmueble no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. Además, los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el exsecretario de Marina.
Defensa de los hermanos Farías Laguna pide acceso a la investigación
A través de un comunicado, los litigante solicitan a la FGR una carpeta de investigación íntegra y acceso a los documentos que obran en poder de la Secretaría de Marina. También pide revisar los criterios con los que se ordenaron las reservas o clasificaciones de seguridad nacional, particularmente respecto de aquella información que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos.
Enfatizan la necesidad de que el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán comparezca como testigo del caso, con el objetivo de conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero.
Defensa pide investigar todas las líneas del caso
La defensa sostiene que una estructura de contrabando de combustibles habría requerido superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de siete dependencias y entidades federales. Por ello, plantea que deben investigarse todas las líneas y determinarse la responsabilidad individual de cada involucrado, con debido proceso y acceso a la evidencia.
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