Congreso de Sonora aprueba reforma a Poder Judicial local

Rosa Angélica Fimbres, corresponsal

Sonora.- El pleno del Congreso del Estado aprobó por votación mayoritaria reformas a la Constitución Política de Sonora en materia de reforma del Poder Judicial, a fin de someter a votación para elegir diversos cargos de las personas juzgadoras.

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El dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales señala que magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y de Circuito, así como las juezas y jueces serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía.

Señaló que esto permitirá la democratización del Poder Judicial de la entidad y se fortalece el derecho humano de acceso a una justicia pronta y expedita en beneficio de las y los sonorenses.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial integrarán un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica y cada uno postulará hasta dos personas para cada cargo.

Los comités de evaluación establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en la Constitución.

Según el dictamen aprobado, el proceso de elección será llevado a cabo por el Instituto Estatal Electoral, “autoridad que también deberá ajustar su presupuesto para realizar las elecciones correspondientes”.

Las elecciones de magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial del Estado se realizará de manera escalonada y en base a los presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal del año 2025, establece el dictamen aprobado.

La diputada del PRD, Ana Gabriela Tapia Fonllem y los diputados de Movimiento Ciudadano, Jesús Manuel Scott Sánchez y del PRI, Emeterio Ochoa Bazúa, rechazaron el dictamen, argumentando que su objetivo no es combatir la corrupción, sino controlar la justicia.

Asimismo, consideraron que el documento no cumple con los requisitos legales debido a presuntas violaciones al proceso legislativo.
La reforma fue turnada a los 72 Ayuntamientos para su aprobación en los Cabildos.

SC/