¿Podrá Cabeza de Vaca competir en 2030? Zaldívar explica cuándo se pierden los derechos políticos

México.- El debate sobre una eventual candidatura presidencial de Francisco Javier García Cabeza de Vaca rumbo a 2030 abrió nuevamente la discusión sobre los límites de los derechos político-electorales de personas que enfrentan investigaciones o procesos penales.

Durante la conferencia matutina, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, explicó los distintos escenarios que pueden afectar el derecho de una persona a votar y ser votada.

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Una investigación penal no elimina automáticamente los derechos políticos

Zaldívar señaló que una investigación o una vinculación a proceso, cuando la persona permanece en libertad, no implica por sí misma la pérdida de sus derechos político-electorales.

El exministro explicó que el principio de presunción de inocencia protege a las personas mientras no exista una resolución que determine su responsabilidad y que la suspensión de derechos debe cumplir condiciones específicas.

Este criterio coincide con resoluciones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, que han reconocido que una persona sujeta a proceso penal y que no se encuentra privada de su libertad puede conservar sus derechos político-electorales.

¿Cuándo sí pueden suspenderse los derechos?

De acuerdo con la explicación de Zaldívar, existen circunstancias en las que los derechos políticos pueden quedar suspendidos, entre ellas la prisión preventiva, determinadas situaciones de sustracción de la justicia y algunas condenas.

También existen supuestos constitucionales relacionados con delitos que afectan la vida, integridad, libertad, desarrollo de las personas, violencia familiar o violencia política de género, los cuales pueden generar consecuencias sobre los derechos político-electorales.

La diferencia entre estar investigado y encontrarse privado de la libertad resulta fundamental para determinar las consecuencias jurídicas de cada caso.

El INE también ha señalado, con base en criterios del Tribunal Electoral, que las personas en prisión preventiva que no han recibido una sentencia conservan derechos político-electorales, particularmente el derecho al voto.

El caso de Cabeza de Vaca vuelve al centro del debate

La explicación de Zaldívar respondió a una pregunta sobre si García Cabeza de Vaca podría competir por la Presidencia de México en 2030.

El exgobernador de Tamaulipas ha expresado públicamente su intención de buscar la candidatura presidencial y ha sostenido que la Constitución le permite participar.

Sin embargo, su situación jurídica ha generado controversia. En 2024, el INE determinó que no tenía suspendidos sus derechos en el momento de analizar su candidatura a una diputación plurinominal, aunque posteriormente el Tribunal Electoral intervino en el caso y revocó su registro al considerar que se actualizaba el supuesto de prófugo de la justicia.

Por ello, una eventual candidatura presidencial en 2030 tendría que analizarse conforme a las circunstancias jurídicas que existan en ese momento.

Tribunal Electoral tendría la última palabra

Zaldívar enfatizó que la suspensión de los derechos político-electorales debe ser autónoma, específica y susceptible de revisión por las autoridades electorales.

En caso de que una candidatura sea impugnada, correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisar si existen elementos suficientes para determinar la suspensión de los derechos.

Así, una investigación penal no significa automáticamente que una persona quede fuera de una elección. Cada caso debe analizarse de acuerdo con la Constitución, las resoluciones judiciales y los criterios electorales vigentes.

SC/