Auditoría de Nuevo León detecta presuntas irregularidades por 61 mil millones de pesos en Cuenta Pública 2025
Auditoría de Nuevo León detectó 8 mil 902 observaciones por 61 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2025 del gobierno de Samuel García.
Nuevo León.- La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León detectó 8 mil 902 observaciones por presuntas irregularidades que ascienden a 61 mil 001 millones de pesos durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al gobierno de Samuel García Sepúlveda.
El informe señala posibles sobreprecios en adquisiciones gubernamentales, transferencias de recursos públicos y operaciones financieras con empresas que presuntamente mantienen vínculos con un despacho jurídico relacionado con familiares del mandatario estatal.
El auditor Alejandro Reynoso expuso los hallazgos e informó sobre posibles desvíos de recursos en dependencias estatales y organismos paraestatales, entre ellos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Isssteleón.
Las investigaciones también identificaron operaciones con proveedores y contratistas que habrían transferido recursos al despacho jurídico señalado en los expedientes.
Auditoría detecta sobreprecios en compras del DIF de Nuevo León
Uno de los expedientes bajo investigación corresponde al DIF de Nuevo León, donde la Auditoría revisó operaciones por mil 953 millones de pesos y detectó transacciones por 23.2 millones de pesos relacionadas con el despacho jurídico.
De acuerdo con los hallazgos, los recursos habrían pasado primero por una comercializadora de alimentos y posteriormente por cinco empresas relacionadas con la familia del mandatario.
Entre las irregularidades señaladas destacan presuntos sobreprecios en la adquisición de productos básicos.
La Auditoría identificó compras de:
- Chayote: 300 pesos por kilogramo, cuando su precio comercial rondaba los 18 pesos.
- Aguacate: 220 pesos por kilogramo, frente a precios comerciales de entre 38 y 75 pesos.
Estas diferencias forman parte de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador durante la revisión de las operaciones del organismo estatal.
Detectan depósitos por mil 696 millones de pesos a despacho jurídico
En otros procedimientos, la Auditoría identificó 786 depósitos por mil 696.6 millones de pesos realizados por proveedores y contratistas gubernamentales hacia el despacho jurídico y fiscal relacionado con la familia de Samuel García.
Los expedientes también incluyen pagos por 3.15 millones de pesos para cubrir compromisos privados de empleados de empresas vinculadas con funcionarios estatales.
Además, se identificaron operaciones relacionadas con una empresa de cosméticos propiedad de la esposa de un empleado de alto nivel del Gobierno de Nuevo León.
Estos movimientos forman parte de las investigaciones sobre el posible uso irregular de recursos públicos y las relaciones financieras entre proveedores, contratistas y empresas privadas.
UANL e Isssteleón también aparecen en las observaciones
La revisión de la Cuenta Pública 2025 también incluyó operaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón).
Según los hallazgos, ambos organismos recibieron recursos por 420.6 millones de pesos . De esa cantidad, la Auditoría identificó transferencias por 74.1 millones de pesos hacia el mismo despacho jurídico relacionado con familiares del gobernador.
Estas operaciones también permanecen bajo investigación para determinar su origen, destino y posible responsabilidad de los involucrados.
Auditoría de Nuevo León presenta 233 denuncias por Cuenta Pública 2025
Como resultado de la fiscalización, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León concluyó la revisión con 233 denuncias , una cifra que supera más de tres veces las observaciones registradas durante el ejercicio anterior, de acuerdo con la información proporcionada.
Los señalamientos incluyen posibles irregularidades en adquisiciones, transferencias financieras y operaciones con proveedores gubernamentales.
Los hallazgos corresponden a observaciones y presuntas irregularidades que deberán seguir los procedimientos de investigación correspondientes para determinar si existieron responsabilidades administrativas o delitos.
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