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Aprueban comisiones participación de organizaciones civiles en políticas de combate a la trata de personas

Enfoque Noticias
Ariel Sosa
  • Toluca.- Con el fin de regular la participación de las organizaciones y asociaciones civiles estatales nacionales e internacionales en la planeación, evaluación y seguimiento de políticas, programas y acciones tendientes a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura aprobaron la propuesta de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el Estado de México.

    En sesión de trabajo encabezada por los diputados María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) y Sergio García Sosa (PT), presidentes de las citadas comisiones, los diputados integrantes destacaron la importancia de la iniciativa de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN) que modifica el artículo 38 de esta ley, pues favorecerá la participación más ordenada y coordinada de las organizaciones civiles especializadas en la materia, a efecto de que se conviertan en un elemento fundamental de ayuda para combatir este ilícito.

    Ingrid Schemelensky Castro dijo que la trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto sobre el tejido social, debido a que las víctimas y su entorno social y familiar se ven privados de las condiciones más elementales para el desarrollo de la vida a partir de la libertad reconocida por el Estado para autodeterminarse.

    Se trata, dijo, de un fenómeno delictivo de alto impacto social y multifactorial, ejecutado por organizaciones nacionales e internacionales articuladas en células independientes pero no desvinculadas, que atacan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, que comúnmente están en situación de desventaja respecto del agresor, lo que les impide oponer resistencia.

    La diputada señaló que la incidencia de este delito en territorio nacional es tal que, en el plazo de un año, el número de víctimas identificadas se duplicó de 127 a 250; pero entre 2011 y 2012 solo siete personas fueron condenadas por estos delitos y para 2013 la cifra ascendió a 56.

     

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