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Alerta la CNDH sobre falta de políticas pública para atender a los 50 mil connacionales que anualmente son expulsados de EU

Enfoque Noticias
Jorge Sánchez
  • México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observa con preocupación la falta de trabajo activo del Estado mexicano en la implementación de políticas públicas para que las personas de la migración de retorno a nuestro país tengan reinserción exitosa, ya que deben trascender por mucho la mera entrega de cartillas informativas o la agilización de trámites fronterizos. Las 50,000 expulsiones anuales de Estados Unidos, en promedio, permiten vislumbrar lo que podría ocurrir con la cancelación del DACA y programas de acogida, las condiciones económicas de ese país y el retorno de familias.

    Se requiere un nuevo diseño normativo que regule la complejidad del fenómeno migratorio de retorno que contemple la insuficiente regulación actual para abordar de manera integral esos flujos, los muchos vacíos normativos aprovechados por las autoridades para no atender el fenómeno, la poca regulación que recae en aspectos migratorios cuando debiera tratarse de aspectos poblacionales y la falta de programas sociales que no queden a la voluntad del gobernante en turno, además de la falta de armonización de acciones en los tres niveles de gobierno, para lo que se requiere una acción integral.

    Así quedó de manifiesto durante la presentación del Estudio Políticas Multinivel para el Retorno y la (Re) Inserción de Migrantes en México, elaborado por la CNDH y El Colegio de la Frontera Norte, el cual evidencia que a pesar de los esfuerzos aislados de diversos actores gubernamentales, la falta de coordinación entre Federación, estados y municipios no permite adecuada atención a las necesidades de la población de retorno, por lo que la Comisión Nacional entregará esta investigación a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que tengan información para reforzar la política pública a fin de atender a ese sector poblacional.

    El Estudio, presentado por el Quinto Visitador General de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, con la representación del Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, y el Presidente de El Colegio de la Frontera Norte, Alberto Hernández Hernández, llama a la articulación de esfuerzos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y los gobiernos estatales, así como de vinculación con los consulados y rearticulación con los estados a los que las personas retornan, y se propone que mediante una ley general se prevean las facultades de cada institución actora, que aborde exclusivamente el tema del retorno voluntario o forzado de nuestros connacionales, así como a migrantes que se encuentran en tránsito en México rumbo a Estados Unidos.

    Se afirmó que actualmente México está en deuda con las y los connacionales que dejaron el país en busca de mejores condiciones de vida, al no proporcionarles, en su momento, las condiciones económicas, sociales y de seguridad mínimas para desarrollar su vida, por lo que debe prepararse para recibirles ante los diversos escenarios de repatriaciones que plantea el estudio, y ofrecerles un contexto distinto al que motivó su partida.
    En el estudio se muestra que en el quinquenio 2005-2010 el retorno de migrantes fue de 824 mil personas y de 443 mil en 2010-2015, lo que representa un descenso de 46%; en cuanto al monto de niños, niñas y adolescentes (NNA) nacidos en Estados Unidos que migraron a México con alguno de sus progenitores, pasó de 176 mil a 91 mil, lo que representa un descenso de 48%. A partir del análisis de datos sobre flujos de personas migrantes se sostiene que entre 2015 y 2018 el retorno se mantuvo en niveles similares a la parte final del quinquenio 2010-2015.

    De 2006 a 2009 hubo alto nivel de retorno de personas mexicanas de los Estados Unidos (con alrededor de 140 mil expulsiones por año); de 2010 a 2015 hubo un descenso (alrededor de 443 mil casos en el quinquenio), y de 2015 en adelante hay estancamiento, con nivel promedio de 50 mil expulsiones anuales, y hacia futuro deben considerarse la posible cancelación de programas que acogían a hijos de inmigrantes en Estados Unidos (por ejemplo, DACA), las condiciones económicas de ese país, así como el retorno de sus familiares desde Estados Unidos.

     

     

     

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