México.- Con el respaldo del oficialismo y del propio PAN, el Senado de la República aprobó citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo.
El resolutivo establece que ambos funcionarios deberán acudir el próximo 28 de abril a las 11:00 horas a la sede del Senado, donde comparecerán ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.
El objetivo es que detallen lo ocurrido en el caso donde perdieron la vida dos agentes de la CIA
El objetivo es que detallen lo ocurrido en el caso donde perdieron la vida dos agentes de la CIA después de participar en un operativo en la Sierra Tarahumara, así como el estado que guardan las investigaciones. Se les solicitó que, antes de la reunión, remitan un informe pormenorizado que incluya la cronología de los hechos, las autoridades involucradas, las comunicaciones sostenidas con instancias federales y las actuaciones realizadas conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
Según el punto de acuerdo aprobado, este caso podría implicar posibles violaciones a la Constitución, omisiones en la coordinación con el gobierno federal y eventuales afectaciones a la seguridad nacional, por lo que se considera necesario esclarecer los hechos mediante este ejercicio de rendición de cuentas.
Las bancadas fijaron postura
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, explicó que la propuesta busca esclarecer una presunta violación a la Soberanía Nacional, así como posibles omisiones en la comunicación institucional. Detalló que existe una controversia derivada de versiones contradictorias emitidas por la Fiscalía de Chihuahua, ya que inicialmente se informó que las muertes ocurrieron tras un accidente durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, pero posteriormente se negó la participación directa de agentes estadounidenses, pese a versiones periodísticas que señalan lo contrario.
Cantón Zetina subrayó que el caso podría constituir una violación constitucional al involucrar la posible presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano sin la debida autorización. El legislador de Morena aclaró que la invitación no implica sanción alguna:
“Este punto de acuerdo no significa sanción alguna. Si la invitación es declinada, no prejuzga ninguna culpabilidad penal, serán otras instancias y serán otras autoridades. Lo que eso sí tiene este punto de acuerdo es que el Senado de la República activará su mecanismo de control político, de rendición de cuentas y esclarecimiento documental, plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”, advirtió.
El PAN cuestionó la legalidad pero votó a favor del acuerdo
En contraste, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó la legalidad del acuerdo al señalar que el Senado no tiene facultades para citar a gobernadores, al tratarse de entidades libres y soberanas. No obstante, adelantó que su bancada votaría a favor para que la gobernadora explique los resultados de su estrategia de seguridad. Asimismo, anunció que solicitarán la comparecencia de los gobernadores de Sinaloa y Baja California, Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila, respectivamente.
“Hoy en este momento y por escrito, con toda formalidad, estamos exigiendo la comparecencia de dos gobernadores de Morena, de Rubén Rocha Moya del estado de Sinaloa y de Marina del Pilar del estado de Baja California y para que no evadan responsabilidad el resolutivo es un espejo del suyo… si procede la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, entonces por mayoría de razón procede la comparecencia de los narcogobernadores de Morena”, declaró Anaya.
PRI y Movimiento Ciudadano advierten vulneración al federalismo
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, coincidió en la necesidad de defender la soberanía nacional, pero consideró que el Senado debe llamar a comparecer a funcionarios federales como el canciller.
“Después de esa reunión de trabajo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos diga la gobernadora? Nosotros no tenemos facultades de seguimiento. (…) ¿Cuál es la litis del asunto? ¿Qué estaba haciendo personal de seguridad de Estados Unidos en cualquier parte del territorio nacional? Para eso, la Presidenta de la República puede mandarle llamar al embajador o puede enviarle una carta diplomática. Nosotros podemos llamarle al secretario de Relaciones Exteriores”, cuestionó.
En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvo que la medida representa una invasión de facultades y un precedente que vulnera el Pacto Federal.
“Estamos violentando el Pacto Federal. La gobernadora de Chihuahua es una autoridad electa democráticamente, el fiscal general del estado rinde cuentas ante el Congreso local, esa es la arquitectura del federalismo mexicano. Estamos pasándonos por el arco del triunfo a la Constitución del estado libre y soberano de Chihuahua y la Constitución federal”, señaló Colosio.
El punto de acuerdo también solicita un informe detallado previo, con cronología de los hechos y comunicaciones con instancias federales, conforme a la Ley de Seguridad Nacional. La reunión fue propuesta para el próximo martes a las 10:00 horas en el Senado.
JJ
