México.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de su cargo, en medio de la controversia por las acusaciones difundidas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario estatal informó que la decisión tiene como propósito permitir que las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se desarrollen sin interferencias y con total apego a la legalidad.
Motivos de la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya
“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación”, expresó.
Rocha Moya reiteró que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”, pero sostuvo que su separación responde a una convicción republicana y a la necesidad de no entorpecer el actuar de las instituciones de justicia. “Compareceré ante las autoridades en el momento en que sea requerido”, aseguró.
Impacto en la Cuarta Transformación y defensa legal
El mandatario también señaló que esta medida busca evitar que el proceso legal impacte negativamente al movimiento político al que pertenece, en referencia a la Cuarta Transformación, la cual ha cerrado filas en su respaldo tras los señalamientos.
La solicitud de licencia ocurre después de una serie de posicionamientos de actores políticos y autoridades, quienes han insistido en la falta de pruebas en los documentos difundidos por autoridades estadounidenses, así como en la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
El futuro de la gobernabilidad en Sinaloa
Tras la entrega formal del documento, corresponderá al Congreso del Estado analizar y, en su caso, aprobar la licencia, así como definir los términos de la suplencia en la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
Este movimiento marca un giro en la postura inicial del mandatario, quien previamente había descartado separarse del cargo, y coloca el caso en una nueva etapa política y jurídica, con implicaciones directas en la gobernabilidad del estado y el desarrollo de las investigaciones en curso.
Redacción Sinaloa / JJ
