Ricardo Trejo, reportero
México.- El gobierno de México mantiene dos demandas para buscar responsabilizar a la industria de las armas estadounidense de los daños que estas causan en territorio nacional debido a que son utilizadas por cárteles de la droga.
De tal forma, la primera demanda el gobierno mexicano la interpuso en agosto de 2021 en el estado de Massachusetts contra diversos fabricantes, entre ellos: Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett.
En este primer litigio, donde la administración federal mexicana reclama a los fabricantes de armas un monto por 10 mil millones de dólares, por incurrir en prácticas negligentes que facilitan que el armamento cruce de manera ilícita la frontera y llegue al crimen organizado, es revisado por el Tribunal Supremo, una vez que en 2022 un juez federal había desestimado la demanda con el argumento de que los fabricantes están respaldados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que los exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Pero en enero de 2024, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana. Ante ello, los fabricantes de armas solicitaron en Nueva York la intervención de la Corte Suprema, a la que pidieron que deseche la denuncia interpuesta en Massachusetts.
En la segunda demanda, cinco vendedores de armas denunciados por México (SnG Tactical, Ammo AZ, Diamondback Shooting Sports, Sprague’s Sports y The Hub) pidieron a la jueza de nombre, Rosemary Marquez, un juzgado federal, que el litigio en su contra sea detenido hasta que la Suprema Corte dictamine sobre el caso de Massachusetts. Y es para estas empresas, la decisión del Tribunal Supremo podría desechar cualquier otra denuncia interpuesta por México en contra de la industria de las armas.
Al respecto, la jueza Marquez señaló que no está claro que la decisión de la Suprema Corte pueda incidir en esta otra demanda y desestimó los argumentos de los fabricantes de armas.
La juzgadora señaló que posponer el litigio representaría un retraso injustificado en la búsqueda de justicia para México. Enfatizó que el gobierno mexicano alega un daño continuo y de gran magnitud a causa del tráfico de armas, y que la suspensión del caso obstaculizaría el objetivo de buscar medidas cautelares para mitigar estos daños.
La demanda del Gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas, presentada en 2021, reclama una compensación por los daños económicos y sociales producto de la violencia armada, que ha dejado un rastro muertes en el país.
Según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, cada año ingresan ilegalmente a México casi 20 mil armas que terminan en manos de cárteles de la droga.
FF