Mara Rivera, reportera
México.- La secretaria de gobernación Luisa María Alcalde explicó que las propuestas de reformas relacionadas con la austeridad, tope de salarios de funcionarios públicos y eliminación de órganos autónomos en el Congreso, buscan establecer la austeridad republicana, fijar un tope salarial basado en el salario del presidente, y eliminar duplicidades y costos de órganos autónomos.
“Se proponen medidas para regresar funciones a dependencias y ahorrar recursos para el fondo de pensiones. (…) Este paquete son tres iniciativas que tienen que ver con el tema de austeridad, el tope para salarios de funcionarios públicos y también con la eliminación de los supuestamente órganos autónomos”.
La funcionaria señal que lo primero tiene que ver con la austeridad republicana, la Constitución en realidad no contemplaba este concepto de austeridad cuando debería ser un principio rector para la correcta administración de los recursos públicos, de los recursos de todas y todos los mexicanos.
Y es que aunque en el 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que ha permitido liberar fondos porque se acabaron los privilegios, se acabaron los gastos superfluos, lo cierto es que también varias autoridades se han venido resistiendo a aplicar estos principios, escudándose muchas veces en la división de poderes, en la autonomía constitucional, en la soberanía de los estados, afirmó .
“Hemos ahorrado muchos recursos, pero también ha habido resistencias. ¿Cuál es la propuesta?. Establecer primero el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional, para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente.
Por el otro lado, dijo que es facultad al Congreso de la Unión para que pueda expedir una Ley General de Austeridad Republicana, que sea obligatoria para todos los poderes, para todos los niveles, para todas las autoridades estatales, sin ningún tipo de excepción.
“Prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, es decir, eliminar cualquier tipo de gasto superfluo que no sea necesario, y prohibir los esquemas que todavía vemos en algunas dependencias de jubilaciones, pensiones, retiros privados, de seguros de separación, de gastos médicos privados también pagados con recursos públicos, de cajas de ahorro, de seguros de vida, de cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos”.
Agrego que por el otro lado, está dentro de las iniciativas las remuneraciones que hoy violan la Constitución.
“Desde 2009, el artículo 127 constitucional establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, pero en estos hechos hay funcionarios públicos que ganan más que el presidente. (…) Existen 2 mil 560 funcionarias y funcionarios federales que hoy violan este principio constitucional. 2 mil 377 pertenecen al Poder Judicial Federal y 182 pertenecen a cuatro órganos autónomos, si lo vemos en recursos públicos, estamos hablando de más de 2 mil 264 millones de pesos que se concentran aquí. Y también a nivel estatal existe un número importante de funcionarios que también tienen salarios por encima del tope presidencial. Han sido varias las excusas, los pretextos por los cuales se ha venido evadiendo esta obligación constitucional o este concepto”.
“¿Qué estamos proponiendo? Ser lo más claros posibles respecto a cómo se calcula el tope, porque el pretexto ha sido no sabemos cuánto se gana, no sabemos que se integra dentro de ese salario. Entonces, que la propia Constitución establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la unidad de media de actualización, de la UMA. Entonces, se establece que la UMA anual por 23 veces da una cantidad específica que ese es el monto máximo que cualquier funcionario público puede ganar. Es así que se ajustan todas las remuneraciones de los servidores públicos, tanto federales como locales, al tope máximo establecido. Y una cosa fundamental, ya habíamos presentado aquí la reforma de pensiones, habíamos dicho que parte importante de los recursos iba a venir de varios ahorros. Bueno, hoy se establece en los transitorios que todos los ahorros se van a destinar al fondo de pensiones para el
bienestar”.
En cuanto a la eliminación de los órganos autónomos, dijo que en las últimas décadas se han creado estos órganos constitucionales autónomos con funciones que antes estaban en las secretarías de Estado, funciones que ya existían y que formaban parte de la Administración Pública Federal, todo ello bajo el argumento de que iba a permitir su independencia, tomar mejores decisiones, garantizar mejor la regulación en el mercado, que no hubiese injerencias externas. Pero en los hechos conocemos que eso no sucedió.
¿Qué estamos proponiendo. Que se eliminen esas duplicidades, que se desaparezcan estos siete órganos autónomos o reguladores y que esas funciones regresen a las dependencias. También desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables.
Está, por ejemplo, el caso de COFECE que se crea en el 92, era parte de la Secretaría de Economía y después con las famosas reformas estructurales del entonces presidente Peña Nieto se vuelve un órgano autónomo. Hoy nos cuesta 688 millones de pesos y la verdad es que no ha resuelto casos relevantes de lo que más se conoce, pues son las limitaciones y sanciones que pone en el caso de Pemex, de CFE y de empresas del Estado. La idea es que regrese a la Secretaría de Economía.
El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se crea en el 96, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y después igualmente en las reformas estructurales, en el 2013, se vuelve un organismo autónomo. Cuesta 1 mil 680 millones de pesos y tampoco ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, pese a que tiene una estructura gigantesca de costos elevadísimos. Dado que el IFT no ha servido para combatir los monopolios, al contrario, ha defendido a varios de ellos, conocemos sus resoluciones, la idea es que pueda regresar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
En el caso de los órganos
reguladores coordinados en materia energética, está la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, creada en 2008 como órgano sectorizado de la Secretaría de Energía. Tienen un presupuesto conjunto de más de 500 millones de pesos, la idea es que pueda ser la Secretaría de Energía la rectora en la política energética y regresar esas funciones a esta dependencia.
Y finalmente. En el caso de CONEVAL, que se crea en 2004 como un organismo descentralizado sectorizado de la Secretaría de Desarrollo, después adquiere su autonomía en 2014, si bien las actividades del CONEVAL en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo han sido sumamente importantes, sus funciones tienen mucha similitud con lo que hoy realiza el INEGI, por eso la idea es que este papel que hoy lleva a cabo el CONEVAL pueda formar parte del INEGI con la autonomía necesaria. Y MEJORADU, que se crea en 2013, que sustituye al Instituto para la Evaluación de la Educación, en el marco de la reforma educativa se propone que pueda formar parte de la Secretaría de Educación Pública, con ello nos ahorraríamos varios millones de pesos que formarían parte del fondo de las pensiones, destello la secretaria de gobernación. Luisa María Alcalde.
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