Gerardo Cedillo, reportero
México.- La Comisión Permanente remitió este jueves una carta dirigida a James Michel Johnson, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitando una reunión urgente para exponer el punto de vista de México sobre la intención de establecer impuestos del 5 por ciento a las remesas.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y de la Comisión Permanente explicó que una comisión plural del Congreso mexicano acudiría a Washington, pero previa confirmación, ya que no se quieren exponer a una descortesía, pero ratificó que de ser el caso estará integrada por todos los partidos políticos.
Aunque existe polémica por sus viajes, Fernández Noroña confirmó que formará parte de esta delegación plural de legisladoras y legisladores.
El morenista reconoció que es una decisión soberana de Estados Unidos, pero confío qué se puedan esgrimir argumentos para impedir esta medida.
Como parte de los argumentos que llevaría la delegación mexicana esta la doble tributación qué implicaría y el riesgo de generarse un mercado alterno, inseguro y no auditable en el envió de dinero.
Senadores de la mayoría como Antonino Morales, sostuvieron qué gravar las remesas que envían los mexicanos al país desde Estados Unidos es un acto discriminatorio y propagandista, que no beneficiará a los estadounidenses, pero sí generará una vulnerabilidad en los sistemas financieros de ambos países con un mercado negro que podría ser empleado por la delincuencia organizada para el lavado de dinero.
El legislador oaxaqueño señaló que el partido republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó un plan fiscal con medidas para, supuestamente, obtener nuevos ingresos, entre ellas, un impuesto especial del 5 por ciento al envío de remesas a personas en el extranjero.
“Este plan es abiertamente discriminatorio y racista porque afecta a extranjeros con residencia irregular en Estados Unidos pues, además del impuesto a las remesas, les restringirá el acceso a créditos fiscales o a programas como Obamacare o Medicare”.
Reconoció que la posible reducción en el envío de remeses afectará la economía de su estado, sin embargo, confió en que la medida no prospere y, si fuera aprobada, hay la determinación del gobernador Salomón Jara para implementar medidas para aminorar el impacto en la economía familiar de las y los oaxaqueños.
El legislador recordó que, de acuerdo al reporte de abril de este año del Banco de México, en el primer bimestre de 2025, el valor de los ingresos por remesas alcanzó los 9,119 millones de dólares, cifra ligeramente mayor a la de 9,068 millones de dólares observada en igual lapso de 2024, lo que significó un alza anual de 0.6%.
De ese total, durante los primeros dos meses del año el 98.8% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al sumar 9,008 millones de dólares.
Mientras que las remesas efectuadas en efectivo y especie y las Money Orders representaron respectivamente el 0.9 y 0.3% del monto total, al exhibir niveles de 85 y 25 millones de dólares, en el mismo orden.
“Es decir, hay un manejo ordenado de los envíos de las remesas por parte de un sistema financiero formal y sano, pero ya los expertos están advirtiendo que se podría generar un mercado informal delicado por el alto nivel del flujo monetario”, expuso el legislador oaxaqueño.
El senador Antonino Morales argumentó que la acción que impulsan los republicanos es injusta porque las y los migrantes ya pagaron impuestos como cualquier trabajador estadunidense y, además, pagan comisiones por los envíos sobre el dinero que mandan a sus países, de modo que resultaría un doble gravamen.
De igual forma, según análisis del Banco Mundial, elevaría el costo y ello contraviene compromisos del Grupo de los Veinte (G-20) y las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 relacionadas con la reducción de los costos de las remesas y el fomento de la inclusión financiera.
“Pero un aspecto muy delicado para México y Estados Unidos radica en que gravar las remesas llevaría los flujos de dinero hacia canales informales sin regulación, y poco seguros con riesgos de lavado de dinero, además de posibles triangulaciones a otros países”.
Añadió que en el pasado este tipo de impuestos no dio resultado y, por ejemplo, en Gabón y Palau las recaudaciones tributarias fueron insignificantes, según datos del FMI de 2016.
