CDMX.- La Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer declaraciones de un empresario del sector de bienes raíces que revela el modus operandi del llamado “Cártel Inmobiliario” de alcaldía Benito Juárez.
Se trata de un testigo clave en las imputaciones contra ex funcionarios y servidores públicos en activo de dicha alcaldía. A través de un mensaje virtual a medios, el vocero de la institución, Ulises Lara presentó seis partes de grabaciones de interrogatorios de esa persona, quien aceptó participar en las indagatorias, bajo el criterio de oportunidad, y que con sus declaraciones permitió ampliar las investigaciones sobre dichos ilícitos.
Sin dar a conocer el nombre del desarrollador inmobiliario involucrado, informó que él y sus socios vieron una oportunidad de negocios en un terreno ubicado en la avenida Popocatépetl, colonia Santa Cruz Atoyac, hoy conocido como City Towers Green Black, por lo que invitó a funcionarios de alto nivel de esa demarcación, entre ellos Christian N, a reunirse.
El vocero presentó el primero de los insertos de las grabaciones en la que el empresario afirmó que el entonces delegado de Benito Juárez, actualmente fugitivo, propuso a los interesados apoyarlos en todo lo que necesitaran y que su agente financiero y colaborador cercano, identificado como Nicias N, les daría a conocer los detalles; luego ambos lo citaron en la sede delegacional para comentarle sus planes de poner una pista de hielo en la explanada de la misma.
“Ya se había celebrado y que necesitaba que hiciéramos el pago que ascendía a 820 mil pesos, la cual fue pagada en efectivo el día 16 de diciembre de 2015 al señor René…directamente en las propias oficinas de la Delegación Benito Juárez y quien recibió en propia mano”, describe el desarrollador en las grabaciones. Ulises Lara, precisó que el empresario refirió que dicho pago fue a cambio de que las cosas fluyeran correctamente entre la demarcación y el propio City Towers Green Black.
Otra reunión tuvo lugar en las mismas oficinas delegacionales para comentarle sobre la ampliación de la manifestación de construcción de ese desarrollo inmobiliario, el cual inicialmente tendría 752 departamentos y le plantearon edificar otros 32, de los cuales el exjefe delegacional adquiriría dos.
“A lo cual le dije que estaba de acuerdo, que con gusto se lo vendíamos y me dijo que no tenía dinero y que el modo de comprarlo era que le diera trabajo en su constructora, pero que cuando el proyecto estuviera más avanzado, que el nombre de la empresa nos sería comunicado posteriormente por parte del señor René… para que a través de dicha persona moral se realizaran los pagos de los trabajos que no podían ser realizados, pero que sí serían llevados a cabo”, continuó el empresario en sus declaraciones.
El desarrollador inmobiliario agregó que en marzo de 2017, los exfuncionarios delatados hicieron lo conducente para cubrir los requisitos necesarios, a fin de actualizar la manifestación de construcción de 808 departamentos. El vocero expresó que la FGJCM, al seguir las investigaciones, detectó otras irregularidades posibles, por ejemplo, la reconstrucción de inmuebles, relacionada con el terremoto del 19 de septiembre de 1987.
“De acuerdo con el empresario, Christian N le exigió llevar a cabo trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de algunos edificios de la delegación Benito Juárez a cambio de continuar apoyando el proyecto de City Towers Green Black”, comentó Lara López. Luego, en octubre de 2017, el exjefe delegacional de Benito Juárez, le presentó a un extitular de la alcaldía Álvaro Obregón y diputado local en esa fecha, quien tuvo a su cargo los trabajos derivados del sismo en la demarcación Xochimilco y, donde dijo el empresario, le pidieron apoyar la demolición de más de 24 inmuebles, sin que le pagaran por ese trabajo y era, en cierta manera, para que le permitieran seguir con la construcción del desarrollo en la calle de Popocatépetl.
“Ellos cobraron nuestros trabajos, a través de la emisión de facturas a su favor”, denunció la persona y presentó a la fiscalía la documentación que acredita los trabajos efectuados. El vocero de la FGJCM recordó que en la actualidad van 130 inmuebles en la alcaldía Benito Juárez que violan el uso del suelo y tienden irregularidades diversas.
Por este caso están detenidas Adelaida García González, directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de la alcaldía, y Sofía Soraya Von Roehrich, mientras que su hermano permanece prófugo. Además se ha ordenado la detención de otros dos funcionarios que firmaron la “Autorización de uso y habitabilidad” del complejo: Emilio Sordo Zabay, exdirector de Desarrollo Urbano, y Víctor Manuel Mendoza Acevedo, director de Planeación, Desarrollo y Participación, y hermano del diputado federal del PAN Luis Alberto Mendoza.
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