México.- La mayoría oficialista de Morena y sus aliados, los partidos Verde y del Trabajo, aprobaron en lo general la segunda parte del plan ‘B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 65 votos a favor y 52 en contra avalaron modificaciones a la Ley de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para transformar el modelo de comunicación social en materia electoral.
José Narro, senador de Morena, a nombre de la Comisión de Gobernación, presentó el dictamen para su aprobación, que según él, racionaliza los recursos en la materia y garantiza la libertad de expresión. Establece que la propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional informativo, educativo o de orientación social, además de ser objetiva, oportuna, necesaria, clara, útil, accesible e incluyente. La oposición afirmó que con estas reformas lo que se pretende es que el gobierno “controle” y se “inmiscuya en las elecciones”, así como el desvío de recursos y que precandidatos y candidatos “hagan y deshagan a su antojo y utilicen recursos públicos” para su promoción personal.
Claudia Ruiz y Beatriz Paredes del PRI, afirmaron que estas modificaciones al modelo de comunicación social, lo único que persiguen es que el gobierno y el partido en el poder mantengan su campaña permanente a fin de garantizar la permanencia de un régimen, lo cual muestra tintes autoritarios. Ruiz Massieu negó que con esto se pretenda proteger la libertad de expresión de las y los servidores públicos, por el contrario, se intentan establecer condiciones de inequidad en las campañas políticas entre el partido oficial y los bloques de oposición. Paredes lamentó que el grupo mayoritario dejara atrás su lucha por la consolidación de la democracia en el país.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, hizo hincapié en las salvedades de esta reforma “al señalar que no constituye propaganda gubernamental las manifestaciones de personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y el ejercicio de las funciones públicas”. Lo anterior dijo es anticonstitucional y ya fue juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde las únicas excepciones serán las campañas de información de autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos, de salud o las necesarias para Protección Civil en caso de emergencia.
El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, acusó que el propósito de este gobierno es eliminar las instituciones democráticas para establecer un sistema autócrata con visos de autoritarismo. Aseveró que el actual gobierno y sus mayorías legislativas buscan perpetuarse en el control del poder.
“¿Qué maldición tendrá nuestro país? Que cuando en 1910 el presidente Madero logró derrotar a un dictador y triunfó democráticamente, apareció un traidor asesino para derrocarlo. ¿Qué maldición tendrá México?, que cuando logramos construir un sistema electoral que garantiza alternancias democráticas, aparece un presidente colérico para demoler al INE”.
Damián Zepeda, senador del PAN, afirmó que estos cambios lo único que propiciarán es que los gobiernos municipales, estatales y federal podrán viciar las elecciones con propaganda gubernamental, amparados en que es una campaña de difusión de cualquier asunto.
JJ
