México.- De acuerdo con las modificaciones a las reglas de operación del Programa la Escuela es Nuestra (PLEEN), publicadas el pasado 28 de abril de 2022 en el DOF, el próximo 30 de junio la SEP seleccionará las escuelas que serán beneficiadas; pero, a partir de criterios burocráticos ilegales, vulnerando derechos humanos y con propósitos abiertamente proselitistas.
Esto alertó la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, al sellar que el PLEEN sigue sin incorporar los derechos garantizados por el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que permitían dar cumplimiento a una educación integral de excelencia que toda persona debe recibir del Estado priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA).
En su opinión, las reglas del PLEEN violan los derechos adquiridos de millones de NNA beneficiados por el PETC al señalar, que “los planteles seleccionados en ejercicios fiscales anteriores ya no serán susceptibles de ser nuevamente beneficiados en 2022 (numeral 3.3.2)”, ya que con un criterio burocrático la SEP canceló derechos, y ahora abre la puerta a instancias proselitistas del partido gobernante al facultar a la Secretaría de Bienestar para decidir sobre la incorporación planteles al PLEEN.
Díaz Contreras denunció que Bienestar recibirá las listas de planteles del PLEEN para realizar supuestas actividades de capacitación y asesoría, convocar a asambleas, conformar comités y crear un padrón de personas. “Sabemos que los funcionarios de Bienestar son operadores de Morena, por lo que su participación política y prácticas sectarias romperán los vínculos altruistas que existen en las comunidades educativas”, consideró la líder perredista. Lamentó que el Presidente busque en todas las funciones del gobierno imponer su “trasnochada” ideología, como ocurre en este caso con la educación.
Señaló que el PLEEN también viola el principio constitucional de legalidad, certeza, eficiencia económica y honradez al delegar a padres y madres de familia como “únicos y absolutos responsables del gasto”, incumpliendo con las normas de fiscalización y rendición de cuentas que obligan a los servidores públicos. El colmo, de éste deslinde burocrático es que la SEP ni siquiera dará seguimiento a todos los recursos que se ejercerán sino únicamente a “un muestreo estadístico” (numeral 4.2.1).
Con el PLEEN, los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) serán la población objetivo, beneficiarios y responsables directos de mejorar las condiciones de infraestructura física, equipamiento, material didáctico, establecimiento del horario extendido y servicios de alimentos (numeral 2.1). De acuerdo con la Secretaria General, la SEP delega ilegalmente funciones que únicamente les corresponden a las autoridades educativas en la obligación constitucional de garantizar que la infraestructura, mantenimiento y condiciones del entorno (incluyendo pago de servicios escolares y la alimentación) sean idóneos y contribuyan con los fines de la educación.
Díaz Contreras criticó que, al permitir que los CEAP puedan constituirse hasta el mes de noviembre, prácticamente se cancela toda posibilidad de gasto durante 2022. Con este modelo, además, los pagos por servicios a docentes estarán sujetos a una decisión discrecional y temporal que por la naturaleza de los recursos (subsidios) serán considerados como honorarios, lo cual está fuera de la normatividad laboral.
“Deliberadamente la SEP actúa como simple aparato burocrático al señalar que ejerce eficazmente los recursos del PLEEN realizando transferencias bancarias a más tardar el 14 de diciembre a los CEAP y permitiéndoles un año para su ejecución”, afirmó. Por lo anterior, llamó a todas y todos los actores involucrados en el sistema público educativo a denunciar lo que ocurrirá en próximos meses: el inicio de campañas en las comunidades escolares usando los recursos públicos para engañar a padres y madres de NNA a costa de la educación.
JJ