Redacción Deportes, 29 abr (AJGD).- A poco más de un año para que arranque el Mundial 2026 en la Ciudad de México, una controversia de gran magnitud ha estallado en torno al anteriormente conocido como Estadio Azteca, donde se libra una disputa entre los dueños de palcos y los encargados del recinto.
Este enfrentamiento legal, sin precedentes en la historia de los grandes torneos deportivos realizados en el país, ha sido detonado por la preocupación de los palcohabientes ante la posibilidad de que se les impida el acceso a sus espacios durante la celebración del torneo. La advertencia, comunicada de forma no oficial, llevó a que uno de los afectados interpusiera una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), respaldado por la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP).
Los dueños de palcos aclaran su postura
Pese a las especulaciones, los titulares de palcos aseguran que no buscan obstaculizar ni las obras de modernización del estadio ni la organización del Mundial. Su principal objetivo es hacer valer los derechos estipulados en sus contratos, que en muchos casos les garantizan uso de sus espacios por décadas, incluso hasta por 99 años.
“Queremos que se respete el derecho de acceso que adquirimos legalmente. No estamos en contra del evento ni de la remodelación”, expresó Roberto Ruano, secretario general de la AMTPP.
Silencio e incertidumbre desde la administración
Desde el año pasado, los palcohabientes han exigido pronunciamientos formales por parte del estadio, sin recibir respuestas claras. La administración del Estadio Banorte sostiene que las conversaciones con FIFA siguen su curso, pero no ha ofrecido compromisos específicos sobre el acceso durante el Mundial.
Camino legal y audiencia decisiva
Mientras tanto, los dueños han iniciado una ofensiva legal. A la par de buscar el diálogo con los administradores del estadio, han comenzado a presentar quejas individuales ante PROFECO. Una audiencia clave está programada para mayo, donde se intentará una conciliación.
El abogado Ángel Diego, quien representa a uno de los demandantes, ha señalado que la falta de información clara y la incertidumbre sobre el acceso ya constituyen una violación a los derechos de los consumidores.
Si no se llega a una resolución satisfactoria, los demandantes planean llevar el caso a instancias civiles o incluso penales. Dependiendo de cómo evolucione la situación.
¿Qué está en juego de cara a 2026?
Con el tiempo corriendo hacia la inauguración del Mundial, la presión crece sobre los organizadores y sobre las autoridades del recinto. De no resolverse pronto, este conflicto podría escalar y convertirse en un caso emblemático con implicaciones para futuros eventos deportivos de alto perfil en México.
AJGD
